Por Belén Carreño y Jose Elías Rodríguez
MADRID (Reuters) - El Gobierno socialista español acusó el viernes a los partidos independentistas de Cataluña de haber rechazado el diálogo propuesto para resolver las tensiones políticas en la región, entrando en un aparente punto muerto que podría poner en riesgo al Ejecutivo en minoría de Pedro Sánchez.
"Los grupos independentistas no aceptan el marco que hemos propuesto", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en rueda de prensa tras el consejo de ministros.
Calvo reiteró que su Ejecutivo no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, como piden los secesionistas, y criticó que no aceptaran que el diálogo se produzca dentro del marco legislativo actual.
"Cuando no hay ninguna conciliación hay que parar", matizó la vicepresidenta que, ante las preguntas de los periodistas, se resistió a dar por roto el diálogo a la par que insistía en que el Ejecutivo no se movería de su actual oferta.
El movimiento se produce una semana antes de que comience el juicio por rebelión a ex altos cargos catalanes por su papel en el referéndum del 1-O y de que el Gobierno en minoría lleve sus presupuestos para 2019 al Congreso, donde el apoyo de los partidos independentistas es crucial para su aprobación y cuyo rechazo acercaría la posibilidad de unas elecciones anticipadas.
Los partidos de la oposición PP y Ciudadanos, que han criticado la apertura del diálogo con los independentistas, han convocado una manifestación el próximo domingo en Madrid para pedir elecciones anticipadas a la que también se ha unido el partido de ultraderecha Vox.
El marco de diálogo propuesto por el Gobierno incluye una comisión bilateral entre el Ejecutivo central y el autonómico catalán, y una mesa de diálogo abierta a todos los partidos políticos que esté liderada por un coordinador, una figura que ha causado un fuerte rechazo en la oposición.
Sánchez, que asumió la presidencia del Gobierno en junio y ha sido más proclive a una salida negociada para la crisis catalana, tuiteó que el Gobierno trabajaba "por tender todos los puentes posibles desde la política", pero reiteró que no aceptaría nunca un referéndum de autodeterminación.
Cataluña celebró en 2017 un referéndum de autodeterminación, considerado ilegal por la Justicia española, seguido de una breve declaración de independencia que llevó a que el Ejecutivo central tomase el control de las instituciones catalanas temporalmente como respuesta.
El vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragones, del partido independentista ERC, respondió rápidamente al movimiento de Madrid acusando por su parte al Ejecutivo socialista de romper las conversaciones, diciendo que estaba cediendo a la presión de los partidos de la oposición.
Aragones dijo que el independentismo seguía abierto al diálogo y que "no se puede pedir que se renuncie al derecho de autodeterminación para comenzar a hablar".
La portavoz del Ejecutivo autonómico, Elsa Artadi, dijo que mantener el diálogo era una condición necesaria para la aprobación de los presupuestos, y que si el Gobierno lo abandona supone "que se aleja la posibilidad de aprobar los presupuestos".
(Información adicional de Rodrigo de Miguel, editado por Belén Carreño)