MADRID (Reuters) - El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó el jueves por la noche el ingreso en prisión incondicional del alcalde de la localidad madrileña de Valdemoro, el popular José Carlos Boza, y de otros dos imputados en la "operación Púnica", la última trama de corrupción municipal y regional que ha estallado en España.
Además, una juez rechazó durante la madrugada del viernes dejar en libertad al exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que había solicitado su liberación alegando que había expirado el plazo en el que puede permanecer detenido antes de prestar declaración. Está previsto que Granados declare el viernes ante Velasco.
La juez determinó que el plazo de detención judicial es "conforme a derecho" puesto que debe contabilizarse a partir de que el magistrado Velasco acordó las medidas cautelares contra Granados el miércoles, y no desde su detención, ocurrida el lunes.
La trama, que estaba infiltrada en varios ayuntamientos principalmente de la Comunidad de Madrid, Murcia, León y Valencia, firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales en los dos últimos años, según la Fiscalía Anticorrupción.
Los ediles y funcionarios municipales actuaban en connivencia con empresarios de la construcción y energéticos a través de intermediarios y sociedades instrumentales, según las pesquisas.
El juez Velasco acordó también prisión incondicional para Ana María Ramírez, secretaria del empresario David Marjaliza, y Pedro García, empleado de la empresa Cofely, y prisión eludible bajo fianzas de entre 25.000 y 10.000 euros para otros ocho imputados en la trama.
El juez consideró que existían indicios de que durante el mandato del alcalde de Valdemoro se había favorecido de forma continuada a empresas vinculadas a Marjaliza en materia de contratación pública y promoción urbanística, mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información y otras conductas.
A Ramírez, administradora de varias empresas del grupo de Marjaliza y "mano derecha" de este, el juez la considera parte imprescindible para la comisión de las actividades delictivas, mientras que García, director de mercado público de Cofely, sería el principal interlocutor de la red de tráfico de influencias y pago de cohechos.
Previamente el jueves, el magistrado había ordenado prisión incondicional para el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, del PP, y para el empresario Alejandro de Pedro.
El magistrado considera que Martínez habría puesto en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que sólo se invitaba a ciertas empresas vinculadas con un empresario concreto "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para seguir como presidente de la Diputación leonesa".
El juez Velasco considera que ha existido una trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios públicos de muy diverso tipo.
(Información de Raquel Castillo)