MADRID (Reuters) - El Partido Popular (PP) tendrá que pagar una fianza al juzgado en un plazo de 10 días para evitar el embargo judicial, dentro de un caso que investiga la presunta contabilidad irregular de la formación.
En un auto divulgado el lunes, un juzgado exigió a la formación política que desembolse el resto de una fianza no cubierta en su totalidad impuesta a los dos extesoreros del PP acusados en el caso, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y al exgerente Cristóbal Páez.
El juzgado da 10 días al PP para pagar la fianza bajo su condición de responsable civil subsidiario, una figura que implica la responsabilidad de indemnizar por posibles daños pero que no supone asumir responsabilidad penal.
El juez decretó una responsabilidad civil subsidiaria de 1,2 millones de euros para el PP en el auto de apertura del juicio oral en 2015, para el cual todavía no hay fecha.
La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, aseguró el lunes que su partido desembolsará el dinero ante el juzgado.
"Se depositará (la cantidad exigida) como garantía cautelar", dijo Levy en una conferencia de prensa.
El Partido Popular ha declarado en diversas ocasiones que desconocía la existencia de una contabilidad B, en un caso en el que Bárcenas, Lapuerta y Páez están acusados de hasta nueve delitos, entre ellos organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, blanqueo de capitales y delitos contra Hacienda.
"Asumiremos la responsabilidad cuando se tenga que asumir, que es cuando haya un fallo sobre esta cuestión y no cuando estemos aún valorando acusaciones de parte del señor Bárcenas, acusaciones que nosotros desde hace tiempo negamos", añadió Levy.
El escándalo de la contabilidad B supuso un duro revés para la imagen del PP, colmando la indignación de los españoles ante los numerosos casos de corrupción en sus filas.
Bárcenas, gerente del PP durante casi tres décadas y extesorero, desató un vendaval político al reconocer ante el juez ser autor de unas cuentas manuscritas secretas que recogían apuntes de presuntos donativos de empresas no declarados y presuntos pagos a dirigentes de la formación que gobierna en funciones, incluido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Estas acusaciones fueron negadas por Rajoy.