MADRID (Reuters) - El Gobierno español ha hecho pocos progresos para hacer justicia tras la muerte hace un año de 15 inmigrantes subsaharianos cuando trataban de acceder a nado a la costa de Ceuta, denunció el miércoles Human Rights Watch.
La organización proderechos humanos con sede en Nueva York acusó a oficiales de la Guardia Civil de un uso excesivo de la fuerza contra los inmigrantes en los enclaves españoles en África de Ceuta y Melilla, y dijo que el Ejecutivo no ha hecho frente a lo que calificó de "prácticas abusivas" por parte de los agentes.
"Estas fueron unas muertes terribles y (hay) denuncias muy serias de una mala actuación por parte de la Guardia Civil", dijo Judith Sunderland, investigadora de HRW para Europa Occidental, en una nota difundida por la organización.
Las muertes - nueve, según el Gobierno español - se produjeron el 6 de febrero del pasado año después de que un grupo de unos 200 inmigrantes se echara al mar para intentar acceder a Ceuta por una zona próxima al único paso fronterizo entre la ciudad autónoma y Marruecos.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció posteriormente que los agentes usaron pelotas de goma y bombas de humo para disuadir a los inmigrantes y hacerles regresar a aguas marroquíes.
"Ningún responsable español ha sido formalmente acusado o sancionado oficialmente por la trágica pérdida de vidas en Ceuta hace un año, y nadie ha dimitido", agregó el comunicado de HRW.
El Ministerio del Interior español no respondió inmediatamente a una petición de comentarios de Reuters sobre el comunicado de HRW.
Diversas ONG y testigos sostienen que los disparos aterrorizaron a los inmigrantes y llevaron a su muerte, mientras que el Gobierno asegura que nunca se apuntó directamente contra ellos.
"INTENTOS MÁS PELIGROSOS"
Además, HRW sostuvo que la investigación oficial sobre las muertes, heridos y "devoluciones sumarias" de aquel día ha transcurrido a un ritmo muy lento y citó personas cercanas al caso que aseguran que la juez ha dado pocos pasos y rechazado tomar algunas medidas propuestas por grupos españoles proderechos humanos y seis familiares de los fallecidos.
Según datos ofrecidos el mes pasado por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, en 2014 entraron en Melilla 5.500 personas indocumentadas, 3.000 de las cuales eran sirias y casi la totalidad del resto procedían de África subsahariana.
El organismo criticó también a España por su plan para dar cobertura legal a las llamadas "devoluciones en caliente" de inmigrantes irregulares en Ceuta y Melilla, el único territorio europeo en suelo africano.
El Consejo de Europa, la Comisión Europea y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ya han expresado su preocupación por el plan del Gobierno para legalizar algo que consideran contrario a la normativa internacional.
El Congreso sacó adelante con los únicos votos del gobernante Partido Popular una enmienda que propone que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de Ceuta o Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera sean rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.
Grupos de inmigrantes subsaharianos tratan frecuentemente de saltar la valla fronteriza que separa España de Marruecos. El año pasado se registraron más de 60 intentos de salto de la valla de cuatro metros de altura coronada con unas polémicas concertinas -alambres de cuchillas-.
Los países del sur de Europa como España e Italia han pedido a la UE y a Naciones Unidas que se impliquen más en la búsqueda de una solución a esta situación, que ha empeorado desde 2013 por la inestabilidad en países del norte de África como Libia o en otras naciones en conflicto como Siria.
"Cada año miles de personas arriesgan sus vidas intentando llegar a Europa, y hay suficientes evidencias para demostrar que las prácticas españolas en sus fronteras hacen esos intentos incluso más peligrosos", sostuvo HRW.