SANTIAGO (Reuters) - El Gobierno chileno anunció el jueves por la noche que impulsará en el Congreso una serie de medidas en materia de derechos humanos, como la anulación de una Ley de Amnistía, en momentos en que el país conmemora 41 años del golpe de Estado perpetrado por el general Augusto Pinochet.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, dijo que se pondrá urgencia a una moción parlamentaria de un senador que antes había propuesto anular un decreto surgido en plena dictadura, que otorgó impunidad a los militares que torturaron o asesinaron a miles de chilenos.
La derogación de esta ley, una de las promesas de campaña de la mandataria socialista Michelle Bachelet, permitirá desmantelar la impunidad de los agentes que participaron en los abusos entre 1973 y 1978, en la primera parte de la dictadura militar que se extendió hasta 1990.
Pero abogados y el Gobierno admiten que la anulación o derogación de la ley -que requiere de una mayoría simple en el Congreso- no tendría un mayor impacto y sólo es una medida "simbólica" para que nunca más se cometan violaciones a los derechos humanos en Chile.
"No hace un cambio muy de fondo a lo que han hecho los tribunales chilenos hasta la fecha, que ha sido no aplicar la ley de amnistía", dijo el ministro Gómez.
Más críticos son los abogados de derechos humanos, para quienes esta eventual derogación y eliminación de otros beneficios llegan demasiado tarde.
"Desde un punto de vista simbólico, para las familias de las víctimas esto no significa nada, llega muy tarde. El Estado de Chile tiene una tremenda deuda", Cristián Cruz, abogado en Derechos Humanos.
Bajo la dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1990, unas 3.000 personas murieron o desaparecierron, mientras que otras 28.000 sufrieron torturas, incluida Bachelet.
El Gobierno dijo que también se impulsará la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos y se tramitará la eliminación de algunas beneficios penales para los que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
Antes de los anuncios del Gobierno, la Justicia ordenó el jueves la detención y procesamiento de un diputado de centro derecha por su participación en los asesinatos en 1981 de tres opositores a la dictadura militar.