Por Rodrigo De Miguel
MADRID (Reuters) - La Guardia Civil registraba el martes varios ayuntamientos de Madrid y Cataluña en el marco de una amplia investigación judicial sobre presuntos delitos contra la administración pública, malversación de fondos y blanqueo de capitales derivados de la contratación pública municipal.
"Los registros y requerimientos están orientados a recabar expedientes de contratación de diversos organismos y empresas que pudieran derivar en delitos contra la administración pública", dijo la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado.
La Guardia Civil dijo que ha detenido a 12 personas por delitos relacionados con la administración pública -entre ellos un exalcalde, dos funcionarios municipales, empresarios y directivos- en la denominada "operación Térmyca", centrada en las provincias de Tarragona, Barcelona y Madrid.
Los agentes registraron los consistorios madrileños de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón; los catalanes de Tortosa, Ascó, Vandellós y L'Ametlla de Mar, así como el de Trillo, en Guadalajara.
La operación es la última en el marco de una serie de casos judiciales sobre supuesta corrupción en las administraciones públicas en los últimos años y se produce nueve días después de unas elecciones generales en España.
El juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) ordenó la operación, solicitada antes por la Fiscalía, que se ha desarrollado en decenas de municipios de las provincias de Tarragona, Barcelona, Gerona y Madrid con la participación de 342 agentes.
Los guardias civiles han registrado 14 domicilios, siete despachos profesionales, 12 sociedades mercantiles y siete entidades públicas, con requerimientos a 16 ayuntamientos y otros organismos públicos españoles, mientras que se han realizado cuatro registros más en Andorra.
DESVÍO A ANDORRA
La investigación judicial es una pieza separada de un caso anterior conocido como el "caso 3 por ciento" (porcentaje que supuestamente se llevarían políticos a cambio de la adjudicación de obras públicas).
Este caso comenzó en Cataluña con la investigación en 2014 de contratos adjudicados por el ayuntamiento tarraconense de Torredembarra a la empresa Efial Consultoría SL, vinculada con la sociedad CGI, a través de la cual el supuesto entramado se extendió a otras regiones.
La investigación ha detectado la creación de sociedades públicas ficticias y sin actividad específica dentro de un entramado para desviar fondos públicos de ayuntamientos a estas sociedades, que luego lo transferían a otras de carácter privado.
La Guardia Civil dijo que, presuntamente, gran parte de los fondos ilícitamente obtenidos eran desviados a Andorra a través de complejas operativas mercantiles.
Los investigados habrían llegado incluso a construir una estructura paralela en los ayuntamientos para evitar la supervisión de los interventores municipales, según la Fiscalía.
Las autoridades investigan los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude a las Administraciones e infidelidad en la custodia de documentos, entre otros.
Las actuaciones comenzaron por la denuncia de concejales de varios de los consistorios afectados.