Por Inmaculada Sanz
MADRID (Reuters) - El Gobierno mostró el martes a las regiones su voluntad de tener concluida la aplazada reforma de la financiación autonómica en 2017, pero advirtió del estrecho margen en una legislatura en la que prioridad sigue siendo reducir el déficit público.
Convocados por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, 15 de los 17 presidentes autonómicos -todos salvo Cataluña y País Vasco- firmaron una decena de acuerdos vinculantes entre los que destacó la disposición a cambiar una financiación desfasada desde su última modificación en 2009.
"La voluntad es llegar a un acuerdo en este año 2017, vamos a ver si hay un acuerdo, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos", dijo Rajoy en rueda de prensa al término de la VI conferencia de presidentes autonómicos en el Senado.
Pese a que el crecimiento económico permitirá que en junio se recuperen los niveles de PIB de 2007, Rajoy puso freno a las expectativas regionales al afirmar que se recaudan 20.000 millones de euros menos que entonces, mientras que el gasto en pensiones - un 28 por ciento del total - ha aumentado en 40.000 millones.
"Si queremos tener un buen modelo de bienestar, necesitamos incidir en el crecimiento económico y en un modelo que genere empleo", añadió Rajoy, que quiere celebrar estas cumbres anualmente y pretende revisar los acuerdos cada seis meses.
Además del cambio de la financiación, con la creación en un mes de una comisión con representación regional que aborde un nuevo modelo, hubo tenues compromisos en materia de educación, sanidad y dependencia, áreas que tienen transferidas unas regiones que gestionan un tercio del gasto público.
La cumbre se comprometió a elaborar una estrategia nacional frente al envejecimiento de la población, que junto al desempleo y las divergencias en materia de financiación suponen uno de los principales retos para un país fuertemente descentralizado.
También hubo acuerdo para abordar la propuesta de comunidades gobernadas por los socialistas como Andalucía -la más poblada de España-, que pidieron el martes una armonización fiscal entre las regiones, que recaudan con distinto criterio impuestos que van desde hidrocarburos a patrimonio.
Todos los territorios reclamaron el debate sobre la dependencia, a cuya financiación contribuye el Estado pero cuya gestión recae principalmente en los gobiernos regionales de un país con más de 8 millones de habitantes por encima de los 65 años.
AUSENCIAS DE CATALUÑA Y PAÍS VASCO
La ausencia de los dirigentes de Cataluña y País Vasco marcó un encuentro que no se producía desde 2012 y que transcurrió en un clima de diálogo "amplio y constructivo" -en palabras de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría- que alumbró los primeros acuerdos institucionales del segundo mandato del líder conservador.
Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, que entre los dos gobiernan en 12 comunidades autónomas, criticaron la ausencia de los presidentes de dos regiones con gran peso económico que, en distinto grado, pretenden aumentar el amplio autogobierno del que gozan.
Pese a su ausencia de Madrid, el Gobierno catalán, que quiere convocar un referéndum independentista este año, dijo que no se iba a "desentender" de la financiación autonómica y que esperaba un pronto encuentro entre el presidente catalán, Carles Puigdemont, y Rajoy.
"Me reúno con quien quiera verme, pero una cosa es que hablemos y otra es que haya unas decisiones para unos y otras para otros", concluyó Rajoy.