MADRID (Reuters) - La Fiscalía Superior de Cataluña pidió el lunes 10 años de inhabilitación para el expresidente catalán Artur Mas por su participación en la organización del referéndum independentista del 9 de noviembre de 2014.
La convocatoria de la votación de carácter no vinculante, que contaba con la oposición frontal del gobierno central del Partido Popular, fue anulada por el Tribunal Constitucional, pero el ejecutivo autonómico de Mas decidió continuar con su celebración.
"El acusado Mas, como presidente de la Generalitat a la sazón, intencionalmente y sin otro amparo que su mera voluntad, desatendió el mandato del Tribunal e incumplió la obligación, que como convocante le atañía", dijo la Fiscalía en su escrito de acusación.
La Generalitat de Cataluña y el propio Artur Mas han descrito las imputaciones como una instrumentalización política de la justicia por parte del Gobierno central, algo que el Gobierno en funciones ha negado en varias ocasiones en un contexto de fuertes tensiones entre los dos ejecutivos ante la hoja de ruta de los catalanes para conseguir la independencia del territorio.
"No hay nada más cívico y democrático que poner urnas para que la gente pueda expresar cívicamente su opinión, ¿cómo puede ser esto un delito?", dijo Artur Mas en rueda de prensa tras conocer la petición de la Fiscalía.
"(La consulta del 9-N) fue una gran fiesta de la democracia, pero algunos lo quieren convertir en un aquelarre judicial", añadió Mas tras acusar al gobierno central de "abusar del Tribunal Constitucional y sus funciones".
En tanto, la vicepresidenta del Gobierno central en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo a periodistas al ser preguntada por la petición de la Fiscalía que "la ley se aplica para todos".
"Nosotros desde luego respetamos las decisiones de los órganos encargados de velar por el cumplimiento de la ley y por el Estado de Derecho", añadió la vicepresidenta, que se ha reunido en varias ocasiones con su homólogo catalán en un intento fallido de ambas partes para reparar las frágiles relaciones institucionales.
La Fiscalía, que acusa a Mas de delitos de desobediencia y prevaricación, también pidió nueve años de inhabilitación para la entonces vicepresidenta de Gobernación, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por su colaboración en la organización de la consulta.
Mas dimitió al comienzo de este año como presidente de la Generalitat de Catalunya en favor de Carles Puigdemont, para facilitar la formación de un gobierno regional tras los resultados fragmentados de las elecciones catalanas del 27-S.
(Información de María Vega Paúl; Editado por Emma Pinedo, Jose Elías Rodríguez)