MADRID (Reuters) - Uno de cada dos directivos españoles piensa que los sobornos y la corrupción son todavía prácticas frecuentes, mostró el martes un estudio, lo que coloca a España en el puesto 22 de un ránking mundial sobre fraude elaborado por la organización EY.
"Este aumento de la percepción de corrupción lleva a España a subir desde la 31ª posición a la 22ª en un ránking que encabezan países como Brasil, Ucrania, Tailandia y Nigeria", dijo en una nota de prensa EY.
El estudio, realizado mediante 2.825 entrevistas en 62 países y territorios, mostró que los países donde menos se perciben estas prácticas son Finlandia, Arabia Saudí, Suecia y Dinamarca.
Los directivos españoles consideran que las autoridades que persiguen este tipo de prácticas no son lo suficientemente eficaces, especialmente en las condenas y la recuperación del dinero.
En el mismo estudio publicado hace un año, sólo un 28 por ciento de los directivos calificaban estas prácticas como habituales, algo que los responsables del estudio achacan a una mayor percepción de estas prácticas.
"Los últimos escándalos conocidos han coincido con la fecha de elaboración de la encuesta, lo que ha podido incidir en una percepción aún más negativa de estas malas prácticas. Aun así, hay que destacar que España se sitúa en este ránking en un puesto llamativo", dijo Ricardo Noreña, socio responsable de Forensic de EY.
El estudio se basa en encuestas realizadas entre octubre de 2015 y enero de 2016, meses en los que se produjeron nuevas detenciones en el llamado "caso Púnica", relacionado con una supuesta trama de corrupción en el Partido Popular de Madrid, y la imputación del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Puyol por un supuesto delito de blanqueo de capitales.
La opinión de los directivos españoles cambia cuando se refieren a su sector y sólo un 8 por ciento considera que los sobornos son prácticas habituales en el área en la que realizan sus negocios.
Sin embargo, los directivos españoles consideran que la crisis económica podría excusar alguna de estas prácticas y un 42 por ciento cree que estaría justificado que se llevasen a cabo si ayudan a que la empresa sobreviva.