Por Diego Oré y Eyanir Chinea
CARACAS (Reuters) - La oposición venezolana asumió el martes el control del poder legislativo por primera vez en 16 años, en una acalorada sesión en la que reafirmó su promesa de hacer contrapeso al Gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro.
La efervescencia política que vive el país quedó en evidencia cuando la oposición juramentó a la nueva directiva del cuerpo legislativo en medio de reclamos del "chavismo" gobernante, que perdió la hegemonía en la Asamblea Nacional en los comicios de diciembre ante el descontento por la recesión económica, la elevada inflación y la escasez de bienes básicos.
"Desde hoy, aquí la cosa cambió", dijo Henry Ramos, nuevo presidente del órgano.
Del hemiciclo central fue retirada una gigantesca foto del líder socialista Hugo Chávez, que adornaba las sesiones desde su muerte en 2013.
La Asamblea Nacional ha sido acusada durante años de estar al servicio del presidente y no fomentar el equilibrio de poderes. Ramos dijo que el cuerpo ahora recuperará su autonomía y que como prioridad impulsará una ley de amnistía para liberar a lo que la oposición asegura son decenas de presos políticos.
Incluso adelantó que, en un plazo de seis meses, buscarán convocar a un referéndum revocatorio del presidente, contemplado en la Constitución a partir de la mitad del período de cada mandatario, que en el caso de Maduro se cumple este año. Pero deben votar a favor un mayor número de venezolanos que el que lo consagró para que deba abandonar el cargo.
Durante la sesión, la bancada del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) salió del hemiciclo alegando una violación del reglamento de debates.
"No respetan la Constitución, no respetan las leyes", dijo a periodistas tras abandonar la sesión el diputado reelecto y uno de los hombres fuertes del chavismo Diosdado Cabello, que fue sustituido en la presidencia del órgano por Ramos.
En varias oportunidades los diputados estuvieron a punto de llegar a los golpes.
La ceremonia ocurre días después de que el máximo tribunal ordenó suspender la proclamación de cuatro diputados electos -entre ellos tres opositores- poniendo en entredicho la mayoría de dos tercios lograda por los adversarios al Gobierno, que les permitiría implementar cambios de fondo. [nL1N14J1UG]
Acatando, al menos de momento, la decisión del Tribunal Supremo Justicia (TSJ), sólo juramentaron 163 legisladores.
Los nuevos diputados, tanto oficialistas como opositores, llegaron a la sede del Poder Legislativo, en el centro de la capital, después de respectivas marchas acompañados por cientos de seguidores. Las manifestaciones fueron pacíficas pese a que había expectativas de confrontación.
"Vinimos a celebrar que Venezuela está de fiesta. Hoy regresa la democracia a nuestro país", dijo Milagros Hernández, un ama de casa de 58 años, a las afueras de la Asamblea.
La prensa recuperó el acceso a la sala para periodistas de la Asamblea tras años de que quedara reservada sólo a medios estatales.
MAYORÍA CALIFICADA EN RIESGO
A pesar de que la bancada opositora sólo necesita la mayoría simple para aprobar una Ley de Amnistía, requiere los dos tercios para promulgar o modificar leyes orgánicas, convocar a una Asamblea Constituyente y nombrar a los integrantes de los otros poderes públicos.
Diputados opositores consultados por Reuters dijeron que los cuatro parlamentarios que no tomaron su juramento el martes, serían proclamados "más temprano que tarde", para alcanzar la mayoría calificada de dos tercios.
De prosperar todas las impugnaciones oficialistas, se podría ordenar la repetición de los comicios en las circunscripciones en disputa, donde la oposición conquistó nueve diputados y el oficialismo uno.
"Tienen que respetar las decisiones de la justicia. Si empiezan irrespetando la legalidad, estamos mal", afirmó Jesús Hurtado, un jubilado de 68 años en la Plaza Bolívar, bastión del chavismo, refiriéndose a la decisión judicial que deja en el limbo a cuatro diputados electos.
Por otra parte, Maduro aprovechó los últimos días de sus poderes para legislar y sancionó normas que le facilitan el accesos a los recursos públicos sin necesidad de pasar por la Asamblea, que ha prometido vigilar más de cerca el gasto.