BOGOTÁ, 6 abr (Reuters) - La audiencia para decidir si se archiva o se mantiene una investigación contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por supuesto fraude y manipulación de testigos se aplazó para el próximo viernes, anunció el martes la juez a cargo del proceso tras varias horas de intervención de las partes.
Las diligencias del martes se concentraron en escuchar las solicitudes de los abogados para reconocer como víctimas en el proceso a la esposa de uno de los implicados y a un periodista, por lo que la jueza Carmen Helena Ortiz suspendió la audiencia para analizar los argumentos.
La diligencia, considerada por los partidarios de Uribe como una persecución y por sus detractores como un proceso justo, se retomará el próximo viernes 9 de abril a las ocho de la mañana, dijo la juez.
La Fiscalía General solicitó en marzo una audiencia ante un juez para archivar la investigación contra Uribe al determinar que las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al político y excongresista no tienen la característica de delito.
Uribe y varios de sus aliados fueron investigados por manipulación de testigos, en un intento por desacreditar las acusaciones de que tenía vínculos con paramilitares de derecha. El expresidente siempre ha negado las acusaciones en su contra declarándose inocente.
Una decisión de la juez a favor de Uribe podrá ser apelada por las personas consideradas víctimas en el proceso ante un tribunal, una instancia superior en el sistema judicial de Colombia. Uribe también tiene la posibilidad de apelar el fallo si no le favorece.
El expresidente, un político muy popular y polémico, recuperó la libertad en octubre de 2020 por orden de una jueza, después de que renunció al Senado y que la Corte Suprema de Justicia trasladó el proceso a la Fiscalía General por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista.
Uribe, mentor político del presidente Iván Duque, permaneció el año pasado dos meses bajo arresto en su finca cerca de la ciudad de Montería, la capital del departamento de Córdoba, después de que la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria citando riesgo de obstrucción a la justicia.
El político renunció al Senado para facilitar el traslado del proceso a la Fiscalía con el argumento de que la corte no le ofrecía garantías después de que violó el debido proceso, pero sus críticos aseguraron que se trató de una estratagema para llevar el caso en un órgano legal potencialmente menos riguroso y dirigido por una persona cercana al presidente Duque.
Uribe, quien gobernó a Colombia entre 2002 y 2010, acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.
Pero en febrero de 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó a testigos a través de terceros.
Los escuadrones paramilitares fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla izquierdista, pero que se desbordaron con sus sangrientos ataques.
(Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)