Por Lisandra Paraguassu y Patricia Duarte
BRASILIA/SAO PAULO (Reuters) - El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva asumirá como jefe de Gabinete de su sucesora, Dilma Rousseff, en un intento por evitar que sea sometida a un juicio político, planteando la perspectiva de un alejamiento de las medidas de austeridad a fin de reactivar una economía moribunda.
El jefe de la coalición del Gobierno en la Cámara baja del Congreso, Jose Guimaraes, confirmó el nombramiento en Twitter (NYSE:TWTR) después de un encuentro de Rousseff, Lula y algunos ministros, que se realizó el miércoles por la mañana.
La designación ofrece a Lula una protección a corto plazo de los fiscales que lo acusaron de blanqueo de dinero y fraude, mientras que su carisma y sus conexiones podrían ayudar a Rousseff mientras afronta una crisis política que amenaza con derrocar a su gobierno.
El retorno de Lula al Gobierno también podría significar un cambio en la política económica, pues el ex presidente criticó abiertamente los esfuerzos de austeridad y pidió un aumento del gasto público para terminar con la peor recesión de Brasil en décadas.
El presidente del banco central brasileño, Alexandre Tombini, podría dejar el puesto si el retorno de Lula produce un cambio de política económica grande, dijo un miembro del equipo económico el miércoles, hablando bajo condición de anonimato.
La moneda brasileña perdía casi un 2 por ciento el miércoles y ha bajado cerca del 7 por ciento esta semana, pues la invitación de Rousseff a Lula generó expectativas de un brusco cambio en las políticas.
El ministro de Finanzas, Nelson Barbosa, y otros miembros del círculo íntimo de Rousseff, se sumaron al encuentro con Lula más temprano el miércoles, acuerdo con reporteros en la residencia presidencial.
Rousseff busca defender su Gobierno en medio de una tormenta de acusaciones de corrupción que amenazan su gestión. Apoyarse en el instinto político de Lula y su profunda relación con el Congreso podría ayudarla a evitar una impugnación.
El retorno de Lula a Brasilia el martes se vio opacado por una serie de nuevas acusaciones por parte del senador Delcídio do Amaral, un cercano aliado del Partido de los Trabajadores del ex presidente hasta su arresto el año pasado.
En testimonio bajo acuerdo judicial, Amaral dijo que Rousseff estaba al tanto de un esquema de corrupción en la compañía estatal brasileña Petrobras (NYSE:PBR) y que uno de sus ministros había tratado de comprar su silencio.
La popularidad de Rousseff se ha desplomado, golpeada por la peor recesión económica desde la Gran Depresión y por el alcance de la investigación por corrupción enfocada en Petrobras.
Más de un millón de personas marcharon en protestas en Brasil el domingo pidiendo un juicio político contra Rousseff.