Río de Janeiro, 29 ene (EFE).- La Ley Anticorrupción Empresarial, que entró hoy en vigor en Brasil, permitirá que las empresas puedan ser procesadas administrativamente cuando sus empleados corrompan a agentes públicos y que se castigue también al corruptor y no exclusivamente al corrupto, según un comunicado de la Presidencia.
La nueva ley, sancionada en agosto de 2013 por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, prevé sanciones para las empresas cuyos empleados o responsables corrompan a agentes públicos o promuevan fraudes en licitaciones públicas.
A partir de hoy las empresas, fundaciones y asociaciones podrán ser procesadas civil y administrativamente en Brasil cuando alguno de sus empleados "provoque daños al patrimonio público o infrinja principios de la administración pública".
La nueva legislación introduce la llamada "responsabilidad objetiva", por la que las empresas pasan a ser corresponsables de las acciones de sus empleados y no pueden atribuir las irregularidades a acciones aisladas.
La ley establece multas a las empresas condenadas que pueden variar del 0,1 % al 20,0 % de sus ingresos brutos o llegar hasta 60 millones de reales (unos 25 millones de dólares) en caso de que no se puedan establecer las ganancias del corruptor.
Además de la multa, la ley obliga a la empresa condenada a resarcir totalmente los daños provocados a las arcas públicas por la acción corrupta y permite al Gobierno confiscar bienes de entidades corruptoras y suspender sus operaciones.
La condena civil o administrativa no impide que la empresa también pueda ser procesada penalmente, algo ya previsto en la legislación brasileña.
Para la Presidencia, la norma permite responsabilizar a quien corrompe en un país como Brasil en el que "históricamente la pena recae casi que exclusivamente en el empleado público que se deja corromper y acepta ventajas indebidas".
"Las empresas que aún no abordan el asunto con la debida atención percibirán que es mucho mejor invertir en la ética y la integridad de que apostar en la impunidad, en un modelo de negocio arcaico", aseguró el secretario de Transparencia de la Contraloría General de la Unión, Sergio Seabra, citado en el comunicado de la Presidencia.
Pese a que la ley fue sancionada hace casi seis meses y entró hoy en vigor, la Presidencia aún no ha publicado el respectivo decreto que la reglamenta, lo que, según especialistas, puede dificultar su aplicación en algunos casos.
Fuentes del Ministerio de la Presidencia citadas por la estatal Agencia Brasil aclararon que la ley tiene inmediata aplicación y que la reglamentación tan sólo se refiere a aspectos como criterios para la aplicación de las multas y mecanismos corporativos de control de irregularidades.
Las mismas fuentes dijeron que el texto final de la reglamentación está en el último proceso de revisión y posiblemente se publicará en los próximos días. EFE