CARACAS (Reuters) - El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó el martes una Ley de Amnistía para otorgar libertad y cesar las causas judiciales que se le siguen a quienes consideran presos políticos, una norma que el presidente Nicolás Maduro prometió que vetará.
La ley beneficiaría a opositores de alto perfil que están tras la rejas, algunos con condenas, otros con procedimientos abiertos, como Leopoldo López o el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, acusados de avivar las protestas que dejaron más de 40 muertos a principios del 2014, entre otros delitos.
El articulado será remitido al Ejecutivo para su firma, aunque las leyes venezolanas otorgan a la Asamblea Nacional mecanismos para promulgar leyes sin aval de la presidencia.
"Tengan la seguridad que esa ley por aquí, no pasa", dijo Maduro horas antes de la aprobación en segunda discusión del pleno parlamentario. "Leyes para amparar terroristas y criminales, no pasarán por aquí. Hagan lo que hagan", agregó en un discurso televisado.
El presidente alega, a la usanza de su predecesor Hugo Chávez, que en su país no hay presos políticos, sino políticos presos.
"(Con la ley) no queda amnistiado ningún homicida. Son nuestros presos políticos, ciudadanos imputados por el primer delitos que se les ocurra (...) Lo cual es una confesión de la utilización de la justicia con fines de persecución política. A eso queremos ponerle fin", dijo la diputada opositora Delsa Solórzano, quien lideró la redacción del proyecto.
La bancada de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) celebró la aprobación coreando "libertad", mientras que los diputados del oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) reprochaban "justicia" a gritos.
"Aquí va a haber justicia y todos los que están presos por hechos de corrupción, por asesinato, por violación a la Constitución y las leyes, seguirán bien presos", dijo el diputado oficialista Darío Vivas, quien votó en contra de lo que calificó una "ley de amnesia criminal".
El Gobierno de Maduro podrá apelar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para rechazar la ley por inconstitucional, como lo ha hecho en varios conflictos recientes que han enfrentado a los dos poderes, y que han resultado favorables para el Gobierno socialista.
Una amnistía elimina el delito, y por lo tanto, la pena.
El fallecido Chávez creó un precedente cuando decretó en 2007 una amnistía buscando pasar la página tras las feroces protestas que, en el 2002, condujeron a su breve derrocamiento.
Diputados de la bancada chavista alegaron el martes que López, condenado a 13 años de prisión, no podría ser favorecido con esta amnistía porque ya fue amparado en el 2007, cuando se sobreseyó una causa que se le seguía por su participación en los hechos del 2002.
Una amnistía puede declararse inconstitucional si los beneficiarios han incurrido en crímenes de lesa humanidad o violación de los derechos humanos, según expertos. La oposición alega que ninguno de los posibles beneficiarios de esta norma fueron investigados o condenados por delitos de esta naturaleza.