ÁMSTERDAM (Reuters) - Mientras Europa se enfrenta a la mayor ola migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, Países Bajos está a punto de endurecer su política de asilo recortando el alimento y el refugio para las personas que no califican como refugiados.
Los solicitantes de asilo que sean rechazados tendrán limitada la vivienda a "unas semanas" después de haber sido rechazados si no están de acuerdo en regresar a casa.
A partir de noviembre, la coalición de centro derecha del primer ministro Mark Rutte, que compite en votos con el partido populista y anti inmigración partido de Geert Wilders, quiere cerrar 30 refugios de "cama, baño y pan" donde los solicitantes de asilo podían conseguir ayuda.
Bajo el plan, seis centros nacionales aplicarán reglas más estrictas y proporcionarán ayuda sólo a aquellos que acepten marcharse.
La propuesta provocó un enfrentamiento entre el partido gobernante, los liberales de derechas de Rutte, y sus socios de coalición, los laboristas, que casi derrocan al gobierno en abril.
El viernes, el comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial añadió critica exterior a la política holandesa, diciendo que las necesidades básicas de los inmigrantes deben ser cubiertas sin condiciones.
"Mientras estén en Países Bajos, deben disfrutar de los estándares mínimos para vivir", dijo Ion Diaconu, que ayudó a escribir el informe de la ONU.
Pero Rutte respondió el viernes que estaría "loco" si ofreciera refugio permanente a las personas que rechazan marchar. "Estamos hablando del grupo que puede regresar, de aquel cuyos gobiernos pueden traerles de vuelta, pero que no quieren volver", declaró.
Los gobiernos locales que operan los refugios con fondos nacionales, están enfrentándose a este movimiento en los tribunales, temiendo que pueda llevar a un levantamiento de los sin techo si se ven obligados a cerrar los refugios en noviembre. Algunos alcaldes se han negado y han dicho que buscarán financiación alternativa.
Se ha presentado una queja en el Consejo de Europa, formado por 47 naciones y el principal foro de derechos humanos, que amonestó el año pasado a Países Bajos por colocar a los que buscan asilo en detención administrativa, dejando a muchos "inmigrantes irregulares" en un limbo legal y en la indigencia.
"Lanzar a la gente a la calle conduce a la muerte. El uso de las drogas y el tráfico de seres humanos se vuelve inevitable", dijo Geesje Werkman en Kerk in Actie, un grupo de la iglesia que ha presentado una queja conjunta ante el Consejo.