MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional considera que hay indicios para procesar por varios delitos de corrupción a varios ex altos cargos de Convergència i Unió y ex alcaldes socialistas en Cataluña, en un caso de tráfico de influencias y cohecho entre antiguos responsables oficiales en España, informó el jueves el alto tribunal.
El juez Pablo Ruz entiende que hay motivos para sentar en el banquillo a once personas por delitos continuados de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, entre ellos los exmiembros de CiU Maciá Alavedra y Lluis Prenafeta, el exalcalde del PSC Bartolomé Muñoz o Luis Andrés García, antiguo diputado socialista catalán.
Los imputados habrían montado entre 2000 y 2009 un operativo para mediar o intervenir en adjudicaciones urbanísticas en tres municipios de la provincia de Barcelona, aprovechándose de los cargos institucionales de unos, la posición y contactos de otros, y la actividad empresarial de los demás.
Los acusados percibían "cuantiosas comisiones, respecto de las cuales se procedería ulteriormente a ocultar tanto su titularidad como el origen presuntamente delictivo de las ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento posterior desvinculándolas de su origen mediante, principalmente, la utilización de complejos entramados societarios y financieros", según el auto.
El juez, que ha extendido su investigación a seis países, estima que Alavedra, exconsejero de Economía catalán, se embolsó ilícitamente más de 6 millones de euros y Prenafeta, ex secretario de Presidencia de la Generalitat, casi 15 millones. Los exmiembros del PSC García y Muñoz percibieron, respectivamente, 5,8 y 1,7 millones.
El caso Pretoria es uno de los reiterados casos de corrupción registrados en los últimos años en España, donde ha crecido la indignación hacia la clase política en un contexto de grandes dificultades económicas para el ciudadano medio.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado recientemente una batería de medidas para luchar contra un problema que quedó en evidencia especialmente a raíz de la crisis iniciada en 2008, cuando empezaron a salir a la luz los estrechos lazos entre políticos y empresarios de la construcción, que ayudaron a alimentar desde finales de los años 90 una desastrosa burbuja inmobiliaria.
(Información de Inmaculada Sanz; editado por Emma Pinedo)