Por Alastair Macdonald
BRUSELAS (Reuters) - Puede que los nombres de Kos, Lampedusa y Hegyeshalom pasen a la historia de la crisis de refugiados de Europa de 2015, pero es un recóndito pueblo de Luxemburgo, alejado de este drama humano, el que está acaparando los titulares.
Schengen, una pequeña localidad vinícola a orillas del río Mosela que une a los viejos enemigos Francia y Alemania, dio su nombre hace 30 años al código que eliminó los controles fronterizos entre la mayoría de los estados europeos. Ahora, una disputa sobre quién debería acoger a cientos de miles de personas que viajan en busca de asilo ha puesto "Schengen" bajo amenaza.
La Comisión Europea, que impone las normas de Schengen en 26 estados, entre ellos cuatro no miembros de la UE, ha descartado cualquier cambio. Describe Schengen como uno de los mayores logros de la paz de la posguerra, un beneficio para ciudadanos y visitantes no europeos, así como para los negocios.
"No se trata de Schengen, ése es el problema", dijo a Reuters el comisario a su cargo, Dimitris Avramopoulos, mientras Budapest, Viena y Berlín discuten sobre qué hacer con los miles de refugiados, en su mayoría sirios, que tratan de llegar a Alemania desde los Balcanes.
El problema, según coinciden la mayoría de líderes de la UE, no es tanto las fronteras internas como las fronteras externas del bloque, sobre cuyo estatutos hay otra localidad inscrita: Dublín. (Irónicamente, Irlanda, como Reino Unido, no forma parte del espacio Schengen).
El sistema acordado por primera vez en Dublín en 1990 implica que quienes solicitan asilo deben ser alojados y tramitar sus solicitudes en el estado en el que llegaron por primera vez en la UE. El incremento de las llegadas por mar ha abrumado a Italia y a Grecia. El caos en Grecia supone que muchos viajan por los Balcanes para llegar a Hungría.
Aceptando que las normas de Dublín deben arreglarse para repartir la carga, la Comisión propuso enviar algunos solicitantes de asilo desde Italia y Grecia a otros puntos de la UE mediante cuotas basadas en elementos como la población o la riqueza de los países.
Las disputas han retrasado este sistema, mientras Grecia e Italia han recurrido a métodos propios para aliviar la presión, dejando simplemente que los inmigrantes se dirijan al norte de sus fronteras.
Eso ha hecho que Francia intensifique los controles de tráfico alrededor de su frontera con Italia, que los daneses vigilen más su frontera con Alemania y, esta semana, la policía austriaca realizó operaciones en las carreteras de Hungría. Si estos procedimientos se incrementan y perduran, podrían minar los principios de Schengen de libre tránsito.
Por ahora, no parece que haya mucho interés de los gobiernos por desafiar a la Comisión y asumir el coste y las molestias de desplegar a la policía fronteriza para realizar comprobaciones rutinarias de documentos para interceptar a los pocos miles de inmigrantes, entre los millones que viajan todos los días, que no tienen derecho a cambiar de país.
Pero la canciller alemana, Angela Merkel, temiendo por el sistema de fronteras abiertas, blandió esta semana ese riesgo sobre Schengen para centrarse en modificar Dublín: "Si no logramos distribuir de manera justa los refugiados", dijo, "el tema de Schengen estará en la agenda de muchos".
Schengen ha sido objeto de ataques por parte de algunos que sostienen que ha facilitado la vida a los delincuentes, entre ellos el presunto islamista marroquí acusado de atentar en un tren internacional desde Ámsterdam vía Bruselas a París el mes pasado. Sin embargo, una petición de Bélgica para incluir enmiendas a Schengen no ha tenido mucho recorrido.
La libertad para viajar y cambiar de residencia en el espacio Schengen, que incluye a los miembros no comunitarios Suiza y Noruega, no se concede a personas que esperan el resultado de sus solicitudes de asilo, un proceso que puede llevar años. También se supone que deben permanecer en el país que les concedió asilo durante cinco años después.
Eso crea una dificultad a más largo plazo para el sistema de asilo, ya que los refugiados se ven tentados a cambiar de país para trabajar o para reunirse con su familia. Se supone que la policía debe enviarlos de vuelta al estado de la UE en el que tienen derechos de residencia, pero el sistema se aplica de forma irregular.