FREETOWN (Reuters) - Los equipos encargados de los entierros de las víctimas de ébola en Sierra Leona están extorsionando a las familias de los fallecidos para sepultarlos con seguridad, según un alto cargo, lo que ha llevado a un aumento en los funerales ilegales.
La introducción de medidas antiébola que exigen que los cuerpos deben ser enterrados según protocolos de seguridad se consideró el año pasado un signo de progreso en la lucha contra la enfermedad.
Anteriormente, las familias enterraban en secreto los cuerpos de sus familiares en tumbas sin marcar, utilizando prácticas tradicionales que pueden hacer que el virus se extienda a través de los fluidos altamente infecciosos de los fallecidos.
Palo Conteh, jefe del Centro Nacional de Respuesta al Ébola, dijo a periodistas el miércoles que algunos equipos están ahora pidiendo mordidas de cerca de un millón de leones sierraleoneses, unos 227 euros, a las familias para los funerales.
Conteh aseguró que las acusaciones de que los equipos de entierros del hospital de Connaught habían exigido mordidas están siendo investigadas, y no quiso dar detalles sobre si están teniendo lugar nuevos entierros ilegales.
La peor epidemia de ébola de la historia acabó con la vida de más de 11.200 personas, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.
El número de casos ha caído drásticamente desde su máximo el año pasado, y la región ha registrado 30 nuevos casos en la semana que acabó el 12 de julio, en su mayoría cerca o dentro de las capitales de los tres países.
En un duro revés, Liberia, que en su momento fue declarada libre del virus, registró un nuevo caso el 30 de junio y otros cinco desde entonces.
Conteh añadió que Sierra Leona podría reabrir el Hospital Militar 34 a pacientes de ébola para lidiar con el aumento de nuevos casos en la capital.
Además, el Parlamento sierraleonés ha adoptado recomendaciones de su Comité de Cuentas Públicas para suspender a tres altos cargos del Gobierno por violar las reglas de procedimiento en la gestión de los fondos para el ébola.
El auditor del país aseguró en febrero que el Gobierno no había conseguido rendir cuentas con totalidad de un tercio de los 20 millones de dólares destinados a la lucha contra la enfermedad.