Por Nelson Rentería
EL MOZOTE, El Salvador (Reuters) - Después de 35 años, supervivientes de la masacre de El Mozote están más cerca que nunca de conseguir justicia para sus familias tras la apertura de una investigación contra los supuestos autores de la matanza, atroz símbolo de la impunidad de la guerra civil que asoló El Salvador durante más de una década.
La matanza, como otras en Centroamérica, quedó impune por una ley de amnistía que desde 1993 prohibió perseguir judicialmente los crímenes de la guerra civil, que entre 1980 y 1992 dejó unas 75.000 víctimas y más de 8.000 desaparecidos.
Tras la masacre, los cuerpos de las víctimas de El Mozote se pudrieron a la intemperie y muchos fueron devorados por animales, mientras otros fueron enterrados o calcinados por los soldados que participaron en el operativo.
Pero desde 1991, el especializado Equipo de Antropología Forense de Argentina ayuda en las exhumaciones, en un esfuerzo por identificar a las víctimas, olvidadas por los políticos y la sociedad durante décadas de silencio oficial.
Hasta la fecha han recolectado restos de 400 personas en la zona y siguen explorando en un trabajo que ha cobrado visibilidad en el país en el aniversario 25 de los Acuerdos de Paz de 1992.
Eustaquio Martínez pasó la mitad de su vida buscando los restos de su esposa y sus seis hijos, ejecutados en diciembre de 1981 por un batallón del Ejército junto a un millar de civiles y niños desarmados en El Mozote y otros puntos del departamento de Morazán, 200 kilómetros al nordeste de la capital.
"A unos los mataron a balazos. A otros los degollaron, a (mis hijos) chiquitos", dijo entre sollozos Martínez, un campesino de 65 años, al relatar a Reuters cómo los soldados asesinaron a su familia a la sombra de un mango. Él se salvó porque había salido de viaje.
Los acusaron de colaborar con "los comunistas" del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el ahora partido de gobierno, en su lucha a muerte contra los militares financiados por Estados Unidos durante la Guerra Fría.
Pero el año pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley. Un juzgado abrió en octubre el primer caso contra 18 exmilitares por la masacre y en marzo de este año fueron llamados a declarar.
JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS
La investigación ha dado a Martínez y otras 60 familias esperanzas de conseguir justicia para sus seres queridos en el empobrecido país centroamericano, que actualmente tiene la tasa de homicidios más alta del mundo por una nueva "guerra" que libran pandillas criminales y policías.
Según un informe de la Comisión de la Verdad, varios altos mandos de las Fuerzas Armadas estuvieron implicados en el llamado "operativo de contrainsurgencia", incluyendo el general José Guillermo García, ex ministro de Defensa entre 1979 y 1983, y otros altos mandos de la época.
García, de 82 años, fue deportado el año pasado desde Estados Unidos y llevado en marzo a los tribunales para responder por El Mozote, aunque también es señalado por otros crímenes como el asesinato del arzobispo de San Salvador Óscar Romero, así como por la muerte de cuatro monjas estadounidenses.
En diciembre, una nutrida representación de autoridades y medios se unieron a las víctimas en la conmemoración anual de la masacre de El Mozote, donde les entregaron 21 pequeños féretros de color blanco con osamentas que enterraron en el cementerio local entre cantos, oraciones y velas.
"Lo que queremos es que se haga justicia", dijo a Reuters José Márquez, de 58 años, quien perdió a sus padres y hermanos en la masacre. "Los hechores (autores), algunos murieron pero otros están vivos y siguen libres", agregó en la ceremonia.