MADRID (Reuters) - Un juez local consideró el martes que el Arzobispado de Granada es responsable civil subsidiario dentro de un caso por supuestos abusos sexuales a un menor en el que hay imputados 10 sacerdotes.
"Se estima que se cumplen todos los presupuestos expuestos en la sentencia citada para la declaración de responsabilidad civil del Arzobispado que a través de su máximo representante Monseñor Francisco Javier Martínez Fernández, que habría incumplido con los actos de vigilancia, policía o seguimiento necesarios", dijo el juez en el auto.
El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Granada, Antonio Moreno Marín, dijo que el Arzobispado debió vigilar la actuación de uno de los sacerdotes acusados, identificado como R.M. en el auto.
La responsabilidad civil implica resarcir, habitualmente de forma económica, a las víctimas por los daños sufridos, aunque no conlleva ninguna responsabilidad penal.
Una responsable de prensa del Arzobispado consultada por Reuters dijo que por el momento no tenía comentarios que ofrecer sobre la decisión judicial.
El caso se destapó después de que un joven escribiera una carta al papa Francisco contándole cómo los sacerdotes habían abusado de él cuando era un monaguillo menor de edad. El pontífice le ofreció su apoyo y ordenó una investigación.
El denunciante, que cuando comenzó el caso el año pasado tenía 24 años y era miembro supernumerario del Opus Dei, declaró haber sido víctima de los abusos desde 2004 hasta 2007 - entre los 14 y 17 años.
La presunta víctima narró al juez que el principal acusado lideraba un grupo de sacerdotes diocesanos y le invitaba a pasar mucho tiempo en una casa parroquial y en otra vivienda adquirida por la presunta trama en una urbanización granadina donde habrían ocurrido los hechos más graves.
Allí, según la exposición de la víctima, el párroco le animaba a dormir con él y fue supuestamente sometido a varios abusos.
El arzobispado de Granada anunció en noviembre que había retirado a los sacerdotes directamente acusados de los abusos después de poner en marcha una investigación preliminar, cuyas conclusiones dijo que había remitido al Vaticano.
El papa Francisco ha prometido una política de tolerancia cero contra el abuso sexual a menores, tras los escándalos de la iglesia en varios países durante muchos años, pero las asociaciones que representan a las víctimas dicen que no ha hecho lo suficiente.