MADRID (Reuters) - Un juzgado de primera instancia murciano ha pedido que el máximo tribunal de la comunidad autónoma que investigue al presidente de Murcia y miembro del Partido Popular, Pedro Antonio Sánchez, por supuestos delitos de fraude y malversación de fondos.
La investigación gira en torno a la adjudicación de un auditorio cuando era alcalde del municipio de Puerto Lumbrera, entre 2003 y 2013, y la juez de instrucción encargada del caso también ha pedido al alto tribunal regional que investigue a otras personas relacionadas.
Según la legislación española, un presidente autonómico disfruta de un aforamiento que le permite ser investigado sólo por el tribunal superior de justicia de la región.
La juez de instrucción de Lorca remitió un auto en el que pide al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que investigue a Sánchez y a otros querellados en este caso, al existir indicios de una posible responsabilidad penal.
"Podría existir indiciaria responsabilidad penal, en íntima conexión con otras personas no aforadas para el exalcalde de Puerto Lumbreras, D. Pedro Antonio Sánchez López, actualmente presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia", dijo el juzgado en un auto divulgado el martes.
Sánchez gobierna Murcia desde 2015 gracias a un pacto del Partido Popular con el partido liberal Ciudadanos, bajo el cual se vería obligado a dimitir en caso de verse involucrado en una investigación de este tipo.
También supone un nuevo golpe para el Partido Popular, que se ha visto salpicado por numerosos casos de corrupción en los últimos años que han dañado su imagen y le ha hecho perder apoyo ciudadano y el gobierno en varias comunidades autónomas.
El caso investiga la adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras en el conocido como "caso Auditorio", que pese a recibir una subvención de 6 millones de euros del gobierno regional murciano fue entregada al Ayuntamiento sin terminar, lo que implicaba una financiación adicional de dos millones de euros a cargo del consistorio.
La juez de primera instancia considera que puede haber indicios de supuestos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración Pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos, según el auto.