MADRID (Reuters) - Distribuidores, industria y productores, con la excepción de los ganaderos de UPA y COAG, firmaron el miércoles el acuerdo promovido por el Ministerio de Agricultura para tratar de revalorizar toda la cadena del sector lácteo, afectado por una crisis de precios en origen que ha dejado a muchos productores al borde del colapso.
El acuerdo, avanzado el pasado 10 de septiembre, pretende buscar soluciones a un sector cuyos precios se han hundido por
un exceso de suministro mundial propiciado por el embargo ruso a las importaciones de la UE y el descenso de las importaciones de productos lácteos en China, que ha coincidido con el fin del sistema de cuotas en la Unión Europea.
A esta situación se suma la coyuntura propia de España, condicionada por la fragmentación de sus ganaderos, la poca transformación en la industria y la presión de estos últimos y los distribuidores.
"Hoy se ha podido ver el gran número de empresas, cooperativas y a una parte importante del sector productor respaldando a los ganaderos españoles", dijo la ministra Isabel García Tejerina durante el acto de la firma en el Ministerio de Agricultura, destacando la respuesta "masiva" de toda la cadena.
Pero la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que agrupan a más del 50 por ciento de los ganaderos lácteos españoles según estimaciones del sector, decidieron quedarse al margen.
UPA y COAG, que dicen ver aspectos "interesantes" en el documento y afirman que han estado trabajando hasta el último momento para sumarse al pacto, critican que el acuerdo voluntario no detalla el concepto de "precio sostenible" y no incluye garantías jurídicas ni cuenta con un régimen de sanciones en caso de incumplimiento.
"Deja al ganadero a merced de la industria y la distribución (..) Los firmantes podrían decir que están cumpliendo el acuerdo aunque estén pagando precios ruinosos a los ganaderos", dijo en rueda de prensa Andoni García, responsable de organización de COAG.
La ministra respondió que el documento iba tan lejos como permitía el ordenamiento jurídico, dado que la fijación de precios está prohibida, y que el pacto beneficiará a toda la cadena de valor, pero sobre todo a los ganaderos.
"Todo el mundo tiene que tener la absoluta garantía de que el acuerdo para la sostenibilidad del sector lácteo es tan ambicioso como nuestro ordenamiento jurídico nos permite", dijo García Tejerina a los medios de comunicación.
Entre otros aspectos, los distribuidores se comprometen a poner fin a las promociones reclamo con productos lácteos, mientras la industria, formada por envasadoras y transformadoras, se compromete a trasladar a los ganaderos las mejoras de valor que obtenga de la distribución.
Las dos asociaciones de ganaderos argumentaron además que el acuerdo no afrontaba a su juicio las causas de la crisis en el sector: el abuso de poder de distribuidores e industria y la sobreproducción tras el fin del sistema de cuotas.
Román Santalla, secretario de ganadería de UPA, dijo que esperaban ver señales claras de mejoría para el sector a partir de la firma del acuerdo. Entre las demandas figuraba que la industria firmara nuevos contratos con los ganaderos con mejores condiciones.
Los dos representantes recordaron que los ganaderos no descartan más movilizaciones como las protagonizadas en los últimos meses si no ven cambios en la situación que ahora mismo es "absolutamente de quiebra".
Entre los firmantes del acuerdo estaban las asociaciones de distribuidores Asedas, ANGED y ACES, y muchos de sus asociados como Mercadona, DIA (MADRID:DIDA) o Carrefour (PARIS:CARR); representantes de la industria como FENIL y responsables de empresas como Clesa o Danone (PARIS:DANO); Cooperativas Agroalimentarias y el sindicato de agricultores ASAJA.