CARACAS (Reuters) - Venezuela extendió el lunes el cierre parcial de su frontera con Colombia y ordenó la movilización de 3.000 efectivos militares adicionales a la zona, buscando combatir el contrabando y los paramilitares en una medida que ha generado un éxodo masivo de colombianos que residían en el país petrolero.
Hace poco más de dos semanas atrás, el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de vitales pasos fronterizos en el estado Táchira y el lunes amplió la medida al paso Paraguachón, en el estado Zulia.
Sin embargo, Maduro agregó que se respetará el tránsito del pueblo Wayú o Guajiro, conformado por unos 600.000 aborígenes que habitan, desde hace miles de años, entre Colombia y Venezuela.
"He decidido, luego de un diagnóstico exacto, para construir la nueva frontera, proceder al cierre del paso fronterizo de Paraguachón, en el estado Zulia", dijo Maduro ante el aplauso fervoroso de sus ministros que atendían una reunión televisada.
El mandatario dijo que la medida es "para seguir avanzando en la liberación de delitos, criminales, paramilitares y contrabandistas", y ordenó la movilización de 3.000 militares a la zona, adicionales a los 2.000 que ya permanecen acuartelados.
Además, el líder socialista decretó el estado de excepción en tres municipios de Zulia. Días atrás, Maduro decretó el estado de excepción en cinco municipios de Táchira, lo que supone la suspensión de garantías constitucionales.
Las medidas están enmarcadas en un operativo militar que, desde agosto, busca arrasar con bandas criminales que controlan áreas de Venezuela y que Maduro, un ex sindicalista de 52 años, ha bautizado como "Operación Liberación del Pueblo (OLP)".
Sin embargo, defensores de derechos humanos y líderes opositores han criticado los operativos, llevados a cabo por militares encapuchados y fuertemente armados, alegando un uso excesivo de la fuerza.
Según cifras del vecino país, unos 1.400 colombianos han sido deportados desde Venezuela y 14.000 han regresado voluntariamente por temor a represalias, generando una crisis humanitaria ante la necesidad de albergue, comida y salud.
Colombia denuncia que sus ciudadanos deportados fueron víctimas de atropellos y violaciones a los derechos humanos, aunque Caracas ha negado las acusaciones.
Ambos países comparten una porosa frontera terrestre de 2.219 kilómetros en la que es frecuente el contrabando y el paso de grupos armados ilegales de un lado a otro.
Aunque el lenguaje entre los dos países aumentó de tono, ambos mandatarios han dicho estar dispuestos a reunirse dónde sea y cuando el otro lo solicite.