Cuando en 2002 se congelaron precios y tarifas energéticas y se impusieron retenciones a la exportación de crudo y otros productos mediante el Dec. 310/02, el petróleo fue alcanzado con una alícuota del 20% en concepto de derechos a la exportación, luego de varios años sin estar afectado. En aquel entonces, el sistema energético operaba con excedentes y capacidad ociosa.
Las altas tasas de expansión en la demanda fueron agotando esa capacidad ociosa y los excedentes exportables. Hacia el 2004, el 25% del crudo extraído se exportaba en el marco de un sendero ascendente de su precio en las cotizaciones internacionales.
Ese mismo año la resolución 337/ME ampliaba el gravamen a 25% y, unos meses más tarde, una alícuota móvil fue impuesta mediante la Res 532/04 alcanzando el 45% si el WTI (West Texas Intermediate) superaba los 45usd/bbl (dólares por barril), es decir, una retención de entre 20usd y 28usd al barril de petróleo destinado a la exportación. Ambas resoluciones fueron planteadas con el objetivo de desvincular a la economía local de las perturbaciones externas.
La política de mantener deprimidos los precios y tarifas de los energéticos durante varios años con el fin de, supuestamente, beneficiar a los consumidores en el corto plazo sin medir sus consecuencias en un futuro más lejano, socavó los pocos excedentes y condujo al Estado a suplir el déficit de inversión en infraestructura energética privada importando combustibles (gas oil y fuel) y gas natural.
Con el déficit energético en el centro de la escena, y con su impacto en las cuentas públicas y externas, el Estado se vio obligado a establecer mecanismos para promover nuevas inversiones privadas con el objetivo de aumentar la oferta. Con la Res. 394/07 ME se estableció una mejora en el precio interno; un precio de corte de 42usd/bbl, aunque todavía muy lejos de la cotización del WTI que comenzaba ya a acercarse a los 100usd/bbl, para a los pocos meses alcanzar los 140 usd/bbl (6/2008) y luego caer en la debacle que lo llevaría a los 40usd/bbl a fines del 2008.
En un mar de negaciones, el evidente agotamiento de los recursos hidrocarburíferos llevó al Ministerio de Planificación a continuar en la línea iniciada con el plan “Energía Plus”, promoviendo los programas ‘Gas Plus’, primero, “Petróleo Plus” y “Refino Plus”, después.
La lógica que guió estos planes fue la misma: dividir aguas entre la energía vieja y la energía nueva, gas viejo y gas nuevo, petróleo viejo y petróleo nuevo. Quien opera energía vieja y hundió capitales queda anclado a los precios y tarifas intervenidas. La energía nueva o energía incremental se beneficia de precios más libres (o menos intervenidos) que se aproximan por costos declarados por el inversor más una utilidad razonable, una lógica cuasi interventora de una actividad que históricamente se caracterizó por regirse en la libre competencia. Específicamente, en el caso del petróleo, el mecanismo utilizado para promover la suba de precios fue un certificado de crédito impositivo transferible, que era deducible de la retención que se pagaba cuando el barril se exporta.
Este crédito reducía la retención efectiva a pagar y, por lo tanto, subía también la referencia de precios del petróleo incremental destinado al mercado doméstico. Así el barril criollo pasó del piso de 42usd/bbl a un promedio de 50usd/bbl. Se trató de un mecanismo alambicado, de una complejidad y densidad, en el peor sentido de estas palabras, que dificultaba su claro y unívoco entendimiento, careciendo de una de las condiciones básicas que deben tener las normas legales -su simplicidad- y anticipando su fracaso. Todo en honor a elevar los precios del crudo criollo.
Por otra parte, esa divisoria entre petróleo nuevo y viejo no estaba exenta de suspicacias. Quienes invierten en petróleo nuevo tienen derecho a sospechar que cuando el capital esté hundido van a ser recategorizados en el petróleo viejo. En consecuencia, se trata de un estímulo a quienes llevan adelante proyectos que ya estaban en carpeta de ejecución, o proyectos que aseguran el recupero de la inversión en corto plazo. Pero aparecen pocos proyectos nuevos, y la producción sigue su curva descendente, lo que refleja el flaco interés que despertaba la Argentina a la hora de hundir las enormes inversiones que se necesitaban para evitar profundizar la crisis venidera.
Debemos recordar que a partir de octubre de 2011 comienza el desdoblamiento cambiario, y, por decreto 1277/12 se aprueba el reglamento del régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina, según el cual desaparece la libre disponibilidad de la producción, su libre exportación y la disponibilidad de divisas.
El posterior intento por suspender a principios del 2012 los programas Petróleo Plus y Refino Plus acusando un cambio sustancial en las condiciones globales no causó otro efecto que el de cortar la delgada tanza que ponía en funcionamiento la actividad en el Golfo San Jorge, desatando a mediados de año el conflicto sindical más recordado en las últimas décadas, con la escalada de violencia generada por “Los Dragones” en Cerro Dragón. El gobierno intervino restituyendo una segunda versión del programa Petróleo Plus.
De esta manera, el anuncio por parte de productores del levantamiento de equipos en Cerro Dragón, con una baja de unos 1.500 trabajadores según el gremio, fue revertido con la Res. 1/2013 del Ministerio de Economía, que fija un nuevo valor de corte para la producción petrolera destinada a la exportación: un valor asegurado de 70 usd/bbl. Este esquema se diferenciaba de lo establecido en Petróleo Plus proponiéndose favorecer a toda la industria sin distinción, ni subsidios discrecionales y, además, incorporaba un componente de liquidez adicional, ya que la diferencia de precio era recibida por las compañías junto con la liquidación de sus exportaciones.
Por su parte, la adquisición de la refinería de Esso en Campana por parte del grupo Bridas dio lugar a la creación de Axion, en medio de un fuerte aumento del precio de los combustibles en el mercado doméstico azuzado por YPF (BA:YPFD), que tenía la necesidad de atraer financiamiento para desarrollar Vaca Muerta. Debido a sus dificultades para sumar socios que aportaran el capital requerido, comenzó a reducir aún más los excedentes exportables al 8% del total extraído en la Argentina.
La caída en la cotización del crudo a principios del 2015 (43 u$d/bbl) derivó en la resolución 50/2015 ME que estableció una alícuota del 1% en los derechos de exportación, bajo determinadas condiciones de referencia. Además, se fijaron precios internos de 63 usd/bbl para Escalante (de Chubut) y 73usd/bbl para el Medanito (Neuquén). Pero también, en febrero del mismo año la otrora Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica creó el efímero Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo, que adiciona tres dólares por barril de la producción incremental o de la exportación incremental, con fecha de caducidad el 31 de diciembre del año pasado.
Todos estos mecanismos aplicados a partir de octubre de 2011, eran, además afectados por las restricciones cambiarias, de manera que las exportaciones además de ser castigadas por las alícuotas de retención, eran percibidas en pesos a la tasa de cambio oficial. Vale esta misma aclaración para los valores de corte para la venta del crudo a las refinerías locales.
Como una historia recursiva, pero como un espejo invertido, con el crudo criollo al doble de los precios internacionales (por los mecanismos impuestos por el anterior gobierno) el nuevo gobierno enfrenta la necesidad de mantener estímulos a la producción para evitar la desarticulación de la actividad, en particular en la cuenca del Golfo San Jorge. El Estado reactiva un programa de incentivos a la actividad que, en concreto, significan un aporte de 10 usd/bbl destinado a la exportación. Al mismo tiempo, por ese período queda fijado el precio para el mercado interno de 54,90usd/bbl para el Escalante que es exportado y 67,50usd/bbl para el Medanito. Otra variable que debe ser considerada es que la percepción de los precios en el mercado interno, responde a dólares reales a tasas de cambio actuales de 15 $/usd., mientras que hasta diciembre del año pasado respondían a tasas de cambio de 9,5 $/usd.
El esfuerzo que el país está realizando en este momento, responde a políticas de largo plazo, con el objeto de mantener nuestra actividad petrolera en el futuro.
Argentina, dado sus extraordinarios recursos naturales, no debe bajar los brazos en su búsqueda de normalizar el sector de la producción de gas y petróleo, es una obligación que tenemos para con nuestras generaciones futuras. Pero, por otro lado, el sector privado Petrolero en su conjunto (productores, gremios) debe reconocer estas señales, así como los cambios económicos logrados en los primeros 60 días de la actual gestión, que habiendo comprendido los extraordinarios errores de las políticas energéticas de los últimos años que nos llevaron a la desinversión y la reducción de nuestra producción petrolera, decide favorecer a la industria aún con precios superiores a los del mercado internacional, con el costo que esto implica en la coyuntura actual del país.
Nos preguntamos si este esfuerzo que realiza la actual administración no requiere también el reconocimiento y apoyo de los sectores involucrados. Por ejemplo, considerando que, este precio del crudo en el mercado interno (superior al internacional) que el país está decidido a pagar, pueda interpretarse como un préstamo para ser devuelto, cuando la situación internacional se normalice, o el compromiso de que esas erogaciones produzcan mayores inversiones en el sector. Y también, que la actividad gremial considere la necesidad de promover una mayor productividad y eficiencia del sector.
La situación internacional de los hidrocarburos requiere de planteos sinceros y transparentes de los sectores involucrados con el objeto de favorecer al imprescindible crecimiento de la producción de la industria gasífera y petrolera.