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Banco Central de Chile

 
El Banco Central de Chile fue creado en virtud del decreto ley N° 486 del 22 de agosto de 1925, promulgado bajo el gobierno de don Arturo Alessandri Palma. La citada iniciativa surgió a partir de uno de los cuatro proyectos presentados ese año por la misión Kemmerer. Dicha misión, que fue contratada por el gobierno de la época para reestructurar el sistema monetario y financiero chileno, estaba presidida por Edwin Walter Kemmerer, profesor de Economía de la Universidad de Princeton. Los proyectos se referían a la ley monetaria, que buscaba estabilizar el valor de la moneda y establecer el patrón oro como base de la unidad monetaria del país, la creación del Banco Central de Chile y la promulgación de la ley general de bancos y la ley orgánica del presupuesto. Las mismas disposiciones establecidas en el Decreto Ley N°486 autorizaron la constitución de una ""Comisión Organizadora del Banco Central de Chile"" cuyo objetivo fue explícitamente instituir los aspectos funcionales y de administración de la institución, de manera que quedara en condiciones de comenzar a operar. Fue así como el BCCH abrió sus puertas al público el lunes 11 de enero de 1926. La institución comenzó sus actividades con un capital nominal de 150 millones de pesos de los cuales aproximadamente el 13% era aportado por el Estado, el 40% por los bancos comerciales nacionales y extranjeros que operaban en Chile y el 47% restante por el público mediante la suscripción de acciones. Diez personas conformaban el cuerpo directivo de la institución. El Presidente de la República tenía el derecho de nombrar a tres, los bancos comerciales nacionales dos, los bancos extranjeros una, las representaciones gremiales tres, y el público accionista una. Este mismo directorio tenía la facultad para nombrar al presidente y al vicepresidente del Banco, cargos que recayeron la primera vez en Ismael Tocornal Tocornal y Francisco Garcés Gana, respectivamente. Uno de los aspectos fundamentales implícitos en el funcionamiento del Banco Central de Chile, y que emanaba de la forma en que se había constituido su cuerpo directivo, era su capacidad para operar como una entidad autónoma e independiente. Desde un punto de vista legal, esto se tradujo en dotar a la institución de personalidad jurídica de derecho público independiente del Gobierno.
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