Gobierno colombiano retira proyecto de ley sobre acceso a la tierra

Bogotá, 21 nov (EFE).- El Gobierno colombiano ordenó hoy retirar una reforma legal que contemplaba el acceso de particulares a las tierras del Estado, conocidas como "baldíos", un día después de que el ministro de Agricultura, Rubén Lizarralde, la radicara en el Congreso en medio de una polémica con opositores y campesinos.

Dirigentes de la oposición, como el senador izquierdista Jorge Robledo, organizaciones campesinas y no gubernamentales se oponen al proyecto de ley porque, a su juicio, favorece la acumulación de tierras y deja a los labriegos en peores condiciones de pobreza e inseguridad jurídica.

Esos colectivos consideran que el texto presentado por Lizarralde contradice otras iniciativas del Estado colombiano, como la llamada Ley de Restitución de Tierras para las víctimas del conflicto armado interno o la reforma agraria que puede resultar del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Asimismo, los críticos de la medida consideran que el proyecto "abre la puerta" para que personas o empresas extranjeras se apoderen de las tierras en Colombia, un país rico en biodiversidad, agua dulce, terrenos fértiles y recursos minerales y energéticos.

Fuentes de la Secretaría General de Leyes de la Cámara de Representantes (baja) indicaron a Efe que por el momento "no ha llegado ningún oficio que elimine el proyecto radicado ayer", pero los medios que citan al Gobierno afirman que la orden de retiro ya fue emitida, porque no es el mejor momento para debatir el asunto.

Colombia está inmersa en una campaña proselitista con miras a los comicios legislativos de marzo y los presidenciales de mayo de 2014, para los que el mandatario del país, Juan Manuel Santos, anunció el miércoles que se presentará a la reelección, mientras avanza con el proceso de paz con las FARC, en La Habana.

La iniciativa radicada por Lizarralde pretende reformar la Ley 160 de 1994, que protege la existencia de los "baldíos" para ser entregados a trabajadores rurales que no tienen acceso a ellos, y abre su aprovechamiento sin límites de extensión a todo tipo de interesados, tanto campesinos como empresarios.

Según un comunicado emitido el miércoles, tras la radicación del proyecto por parte del Ministerio de Agricultura, cuyo titular no ha hecho todavía ninguna declaración oficial, el nuevo texto cambiaba algunas condiciones.

Por ejemplo, reducía de 5 a 3 años el tiempo que el beneficiario debía permanecer con un contrato de alquiler en las tierras, disminuía la extensión que debía ser explotaba de dos tercios a la mitad y bajaba el patrimonio de los elegibles de 1.000 a 400 salarios mínimos "para que los beneficios lleguen a los productores más pobres".

Otro punto que había causado malestar en anteriores borradores del texto era la ausencia de un límite de acumulación de unidades de tierra, representadas en la medida de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

En este caso, el Ministerio advertía que este proyecto "no contempla una solución a las controversias judiciales que se han generado por la acumulación de UAF, tema que corresponde dirimir a los jueces". EFE