Madrid, 15 nov (.).- El Gobierno deberá tomar las medidas necesarias para reintegrar al sistema gasista las sumas abonadas a Enagas en 2014 y 2015 por las tareas de mantenimiento del almacén de gas subterráneo Castor -situado frente a las costas de Vinaroz (Castellón) y ahora hibernado-, que rondan los 18 millones de euros.
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por la patronal catalana Cecot contra la orden ministerial que establecía los peajes de acceso a las instalaciones gasistas, según recoge una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La Cecot alegaba, entre otras cuestiones, que la orden recurrida se basaba en el Real Decreto-ley , algunos de cuyos preceptos fueron declarados inconstitucionales en diciembre del año pasado.
Por el contrario, las partes demandadas -la Administración y Escal UGS, la sociedad participada por ACS (MC:ACS) que construyó el almacén- sostenían que la declaración de inconstitucionalidad de determinados apartados de la norma no implicaba que la orden ministerial fuera contraria a derecho.
En su sentencia, el Tribunal Supremo reconoce que el Constitucional no anuló la hibernación del almacén, la extinción del contrato de concesión a Escal UGS y la asignación a Enagás (MC:ENAG) de la gestión de las instalaciones, pero sí el artículo que concreta la retribución por las tareas de mantenimiento.
Por ello, el Supremo anula lo establecido en la orden e insta a la Administración a "adoptar las medidas procedentes" para reintegrar las cantidades abonadas a Enagás.
La Cecot también ha impugnado las ordenes ministeriales correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y espera que el fallo del Supremo sea igualmente favorable, ha explicado la patronal en un comunicado.
En ese caso, según la Cecot, el Gobierno debería reintegrar al sistema gasista unos 200 millones de euros.
"Consideramos que el almacén Castor constituye una inversión fallida, en la que prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad, y no estamos de acuerdo en que los usuarios del gas tengan que asumir el coste cuando ni siquiera se ha llegado a poner en marcha", ha recalcado Antoni Abad, presidente de la Cecot.
En septiembre de 2013, el Gobierno suspendió la actividad en el almacén de gas tras los seísmos registrados en la zona.
En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional anuló la indemnización de 1.350,7 millones de euros concedida a Escal UGS por la hibernación del proyecto.