La Corte Suprema de EE. UU. ha aceptado un caso para determinar la autoridad de la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) en la concesión de licencias a instalaciones de almacenamiento de residuos nucleares.
Esta decisión surge tras un fallo del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE. UU. que cuestionó las facultades de la NRC, bajo la Ley de Energía Atómica de 1954, para emitir dichas licencias.
La apelación ante la Corte Suprema proviene tanto de la administración del presidente Joe Biden como de Interim Storage Partners, una empresa conjunta que obtuvo una licencia de la NRC para construir una instalación en el oeste de Texas. Los estados de Texas y Nuevo México, junto con entidades de la industria petrolera, han impugnado esta licencia.
Los argumentos del caso están programados para ser escuchados en el nuevo período de la Corte Suprema que comienza el lunes, con una decisión prevista para finales de junio.
Desde 1980, la NRC ha estado emitiendo licencias para el almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado, reconociendo la necesidad de la industria nuclear de contar con almacenamiento adicional fuera de las plantas. Sin embargo, el fallo del 5º Circuito a favor de los demandantes, liderado por el juez James Ho, hizo referencia a la Ley de Política de Residuos Nucleares, que en 1987 designó a Yucca Mountain como el único sitio de almacenamiento permanente para residuos radiactivos.
Este caso ha obtenido el respaldo del Instituto de Energía Nuclear, que advierte sobre posibles impactos significativos en el sector nuclear si se mantiene la decisión del 5º Circuito. Los demandantes argumentan que la instalación propuesta, planificada para el condado de Andrews en la Cuenca Pérmica, plantea riesgos ambientales y económicos debido a su proximidad a importantes operaciones de petróleo y gas.
La decisión de la Corte Suprema de escuchar el caso se produce en un contexto de creciente escepticismo hacia la autoridad de las agencias reguladoras federales. La mayoría conservadora de la Corte a menudo invoca la doctrina de las "cuestiones importantes" para cuestionar las acciones ejecutivas que carecen de autorización explícita del Congreso.
Reuters contribuyó a este artículo.
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