Madrid, 8 may (.).- Los bancos españoles han aplazado a más de 51.600 clientes el pago de sus préstamos, que suman un capital pendiente de 3.355 millones de euros, según el acuerdo alcanzado por las propias entidades y que se suma a la moratoria legal establecida por el Gobierno para los colectivos más vulnerables.
Hasta el pasado 30 de abril, los bancos asociados a la patronal AEB recibieron 113.058 solicitudes de aplazamientos de pagos bajo el marco de la moratoria sectorial que, en una parte significativa, se encuentra en tramitación.
Sin embargo, a esa fecha ya se habían aprobado 51.626 moratorias de préstamos, con capital pendiente de 3.355 millones de euros; 26.346 operaciones eran hipotecas, 3.018 millones, y las 25.280 restantes, préstamos personales con un principal pendiente de 337 millones, según detalla este viernes la AEB en un comunicado.
La patronal bancaria, que representa a entidades como el Santander (MC:SAN), BBVA (MC:BBVA), Sabadell (MC:SABE) o Bankinter (MC:BKT), recuerda en un comunicado que los bancos llegaron a un acuerdo sectorial en abril para que los clientes afectados económicamente por la crisis sanitaria pudieran acogerse a una moratoria en el pago de sus préstamos.
El Gobierno había establecido un poco antes la posibilidad de que las personas más vulnerables pudieran acogerse a una moratoria en el pago de sus hipotecas o préstamos de consumo durante tres meses ante el parón de la economía tras decretarse el estado de alarma.
Sin embargo, los requisitos establecidos dejaban a miles de afectados sin opción a estas medidas y entonces fueron los propios bancos los que impulsaron una moratoria más amplia, que llega a más potenciales beneficiarios y con más tiempo para aplazar los pagos.
La moratoria impulsada por los bancos libra del pago del capital de una hipoteca durante un año y hasta un máximo de seis meses en los préstamos de consumo a cualquier cliente que ahora esté en paro, sujeto a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o se enfrente a un cese o reducción de su actividad económica como consecuencia del COVID-19.