Por Borja Suarez y Joan Faus
GRAN CANARIA, España, 27 ene (Reuters) - España pondrá en marcha una nueva política migratoria en las Islas Canarias con la apertura de campamentos para inmigrantes indocumentados, un síntoma de que se espera una importante afluencia de nuevas llegadas, aunque el Gobierno sigue rechazando en buena parte su traslado a la península.
Tras un dramático aumento de los llegados desde Marruecos y el África subsahariana que provocó el año pasado tensiones en el archipiélago canario, las autoridades han empezado a trasladar a algunos inmigrantes a carpas situadas en dos campamentos de Gran Canaria.
A mediados de febrero se abrirán otros cuatro en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura para un máximo de 7.000 personas.
En su mayoría se trata de carpas al aire libre en instalaciones militares no utilizadas en las que se puede entrar y salir libremente, las cuales están destinadas a alojar a los migrantes mientras esperan a ser extraditados o a que se tramiten sus solicitudes de protección internacional, según las autoridades. Las carpas serán sustituidas posteriormente por instalaciones permanentes.
El Gobierno dice que no quiere trasladar a los inmigrantes -que llegan al archipiélago desde el norte y el oeste de África en embarcaciones desvencijadas- a la España peninsular, porque hacerlo podría animar a más inmigrantes deseosos de llegar a Europa.
Txema Santana, portavoz de la ONG española de defensa de los CEAR, criticó esta medida: "Acumular a personas en un territorio de recepción como Canarias no va a generar nada positivo ni en la población local, por una parte, ni en la población que está en tránsito inmigratorio, porque dificulta su acceso a derechos".
En su opinión, el Gobierno está actuando demasiado tarde, sin coordinarse con las autoridades canarias y sin proporcionar unas condiciones de vida suficientemente buenas en los campamentos.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable de los campamentos, declinó hacer comentarios.
NO ES LESBOS
El Gobierno ha defendido en repetidas ocasiones su política migratoria, al tiempo que ha insistido en que la situación de Canarias no se asemeja a la de la isla griega de Lesbos, donde un superpoblado campamento de migrantes sufrió un incendio en septiembre.
Alrededor de 23.000 inmigrantes llegaron a Canarias el año pasado, frente a los 2.687 de 2019.
En muchos casos buscando huir del devastador impacto económico del coronavirus en sus países de origen, los inmigrantes viajan principalmente desde Marruecos a través de una ruta peligrosa que pasa por el Atlántico, ya que los contrabandistas evitan los viajes desde la mejor vigilada costa mediterránea, dijeron una fuente del Ministerio del Interior español y una fuente policial.
Las llegadas en los primeros 15 días de enero crecieron un 234% con respecto al mismo periodo del año pasado, hasta un total de 1.069 personas, aunque el Gobierno espera que un aumento de las deportaciones disuada a los inmigrantes, según la fuente ministerial.
Hasta que las autoridades lo cerraron en noviembre, los recién llegados a la isla eran alojados en un campamento abarrotado e improvisado apresuradamente en el muelle de Gran Canaria. Human Rights Watch advirtió que no respetaba "la dignidad ni los derechos básicos de las personas".
Como las autoridades se enfrentaban a una escasez de camas de emergencia, los inmigrantes también fueron alojados en 17 hoteles, que contaban con espacio sobrante debido al colapso del turismo provocado por la pandemia.
Pero lo que se concibió como un arreglo transitorio duró más de lo previsto, lo que desconcertó al sector hotelero. También desencadenó protestas contra los inmigrantes, algunas respaldadas por el partido de extrema derecha Vox, que denunció una "invasión migratoria".
Tom Smulders, vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de las Palmas (FEHT), dijo que el sector se alegra de haber ayudado, pero se quejó de que los traslados a los campamentos están siendo demasiado lentos: "Habíamos quedado en que la solución era temporal y que la fecha de cierre por parte de nosotros de la operación de ayuda era el 31 de diciembre."
La ocupación hotelera actual ronda el 5%, frente al 90%-95% que se registra normalmente, dijo.
(Información de Joan Faus y Borja Suárez; escrito por Joan Faus; editado por Ingrid Melander y Emelia Sithole-Matarise; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)