Recientemente ha trascendido que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) cobrará impuestos en criptomonedas lo cual, como veremos a continuación, no es en realidad así.
Países como El Salvador – independientemente de su pésima calidad republicana e institucional y su tradicional escasa seguridad jurídica – han en efecto optado por legalizar el Bitcoin e incluso integrar este criptoactivo en particular a sus reservas nacionales. Existe allí una wallet creada por el Estado y se permite expresamente que el ciudadano pueda realizar el pago de impuestos desde su propia billetera virtual. Incluso es usual ver al presidente Bukele presumiendo mediante tweets que, cada vez que el Bitcoin baja – lo que se conoce como “el DIP”–, adquiere una mayor cantidad para las reservas nacionales salvadoreñas. Todo lo contado hasta aquí en cuanto al pago de impuestos en El Salvador es lógico por cuanto, como se mencionó antes, allí se reconoce al Bitcoin como una moneda de curso legal.
Otros estados, como las Islas Marshall, plantean desde hace años la emisión de una propia criptomoneda con fuerza de curso legal, en este caso “The Sovereign” conocida como “SOV“ o “Soberano” en español, la cual se ofrecerá a través de lo que se conoce como “OMI” (Oferta Monetaria Inicial). El “SOV“ es muy interesante dado que solo se permite transaccionar en wallets identificadas y verificadas con tokens de identidad, combatiendo así el lavado de activos y otros delitos, pero posibilitando a la vez una mayor trazabilidad y control de los movimientos de los ciudadanos.
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