La Unión Europea ha sido últimamente un semillero de acontecimientos políticos y reglamentarios que podrían tener un impacto considerable en las operaciones cotidianas de los proveedores de servicios financieros del continente. Si bien el Reino Unido finalmente cumplió su promesa de abandonar el bloque introdujo incertidumbre política para las empresas con operaciones en territorio británico, la aplicación de la nueva legislación contra el blanqueo de dinero en toda la Unión Europea trajo consigo la certidumbre normativa, junto con la carga de cumplimiento que invariablemente conlleva.
En otro orden de cosas, las autoridades financieras europeas se hacen oír cada vez más sobre sus intenciones de crear un nuevo marco regulador para los activos digitales que equilibre unas medidas de seguridad sólidas con la posibilidad de una expansión sin problemas del sector de la tecnología financiera.
En el punto de mira de los reguladoresEn las primeras semanas de 2020, abundaron las señales de que varios organismos reguladores europeos tienen los activos digitales como prioridad en sus agendas para el año. La aplicación potencialmente disruptiva de la 5ª Directiva contra el blanqueo de dinero de la UE, o 5AMLD, lleva ya algún tiempo preparándose y, como tal, no ha sorprendido a los interesados en la industria europea de las criptomonedas.