BeInCrypto - La fiscal de Instrucción de segundo turno de la ciudad cordobesa de Villa María, Juliana Companys, manifestó que es imposible de dimensionar el dinero que movía la organización Generación Zoe. Es debido a la multiplicidad de negocios en la Argentina y otro países, mediante las estafas que realizaba con el esquema piramidal.
La funcionaria consideró necesario endurecer las penas porque, indicó, hay una legislación desactualizada que resulta leve para los delitos económicos. Recordemos que la ley contempla penas de dos meses a seis años para los delitos de los que se acusa a Leonardo Cositorto y su gente. Y que a mitad de la condena permite a los sentenciados recuperar la libertad siendo millonarios.
La fiscal lleva la causa madre que comenzó a investigar en febrero de este año. Fue a partir de denuncias anónimas, y, desde allí, la pesquisa se extendió a otras provincias y al exterior, donde se ubicaron empresas y negocios satélites vinculados a Generación Zoe.
Previamente, a principios de enero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) habían iniciado sus propias investigaciones sobre Generación Zoe. Fue por una denuncia promovida por la Organización No Gubernamental Bitcoin Argentina, por los supuestos delitos de estafas e intermediación financiera mediante el sistema conocido como ponzi.
La causa hoy
La causa de Villa María, caratulada como “estafas reiteradas y asociación ilícita”, tiene 29 imputados por distintas responsabilidades. Entre ellos figuran sus máximos responsables, Leonardo Cositorto, Maximiliano Batista y Claudio Álvarez. Según la fiscal, en esa ciudad cordobesa son más de 1,050 las víctimas. El problema es que hasta el momento son únicamente 176 los damnificados que denunciaron las estafas.
Companys precisó a Télam que en su investigación pudo contabilizar 2 millones de dólares y 15 millones de pesos argentinos. No obstante, añadió que tiene que los números son otros.
“Tengo conocimiento de que Zoe tenía un movimiento diario de un millón de dólares y un estimado aproximado de 120 millones. Eso fue al momento de la intervención judicial, ya que son alrededor de 880 damnificados que no acudieron a la justicia probablemente porque se trataba de dinero no registrado”.
En marzo de este año los ahorristas se vieron con las puertas cerradas de las oficinas de Generación Zoe en Villa María. Allí comenzaron los reclamos en las calles, porque los directivos habían tomado conocimiento de los inminentes allanamientos. Ante esto, señalan las víctimas, “redireccionaron todo el dinero a familiares y amigos de confianza”.
“Particularmente de los movimientos afuera de Argentina, es imposible, incalculable, dimensionar el dinero, las empresas y los negocios que manejaba Zoe. En algunos casos se nos hace imposible obtener información”.
Era tanto el volumen de dinero que necesitaban de varias unidades de negocios y de otras modalidades de alianzas comerciales para colocar las inversiones, que en 2021 crearon 15 empresas satélites. Todas ubicadas en Buenos Aires.
ALC Coaches (Asociación Latinoamericana de Coaches) como se conocía la unidad de negocio de Generación Zoe en Villa María, y que la vez cobijaba a la filial de la Confederación Mundial de Coaches, en ambos casos liderada por Cositorto.
Invertían bastante dinero en publicidad para darle el sesgo de seguridad y legitimidad al negocio. Incluso contaban con el respaldo del Instituto Universitario del club River Plate y de la Universidad de Salamanca (Colombia). Sin embargo, se investigó para verificar esos datos y se constató que “todos eran falsos, no existían esos avales”.
El accionar de Zoe
La maniobra para captar fondos consistía en promover inversiones en formación de coaching ontológico para el liderazgo, coaching espiritual y financiero. Ocurría a cambio del pago de un interés mensual que promediaba el 7.5% que, según decían, estaban garantizados por criptomonedas Zoe Cash y explotaciones mineras en las provincias de Jujuy y San Juan. Esos avales no existían.
“Hasta el momento no tuvimos ninguna presentación que indique que tienen la voluntad de devolver el dinero a los ahorristas. Cuento con todos los elementos de pruebas para sostener las acusaciones sobre las responsabilidades de cada uno. El expediente madre está muy avanzado y se trabaja intensamente en las causas conexas. para muchos es un negocio la estafa millonaria porque hay vacíos legales, como el caso de las que se cometen con las nuevas tecnologías y dinero virtual.”
Complicaciones para Cositorto
Leonardo Nelson Cositorto, el líder de Generación Zoe, no para de sumar complicaciones judiciales. Un fiscal de Goya, provincia de Corrientes, le comunicó que además de ser acusado de al menos un centenar de estafas en esa ciudad y ser el líder de una asociación ilícita, se le imputa el delito de lavado de activos.
Cositorto siguió la audiencia desde el penal de Córdoba donde está alojado desde abril pasado y por primera vez accedió a responder preguntas. Fuentes vinculadas a la causa dijeron que en su declaración reconoció que las criptomonedas que ofrecía a través de sus empresas no tenían respaldo en oro, tal como lo anunciaban. Sostuvo que era intención de Zoe invertir en el metal precioso para darle seguridad a los inversores.
En otro tramo de su declaración y ante una pregunta del abogado querellante, Pablo Fleitas, el CEO y líder de una de las mayores estafas de las últimas décadas, admitió que a través de Zoe Broker suscribió contratos con los ahorristas para poner a disposición de ellos una flota de cien vehículos en Miami, Estados Unidos. Ante el juez de Garantías de Goya dijo que sólo era un proyecto que no llegó a concretarse.
Desde la querella pusieron en aprietos a Cositorto cuando le preguntaron si era obligación concurrir a las clases que ofrecían. Apenas respondió que la asistencia era optativa, el querellante le dijo que en ese caso estaban simplemente frente a una actividad económico-financiera. Fue en ese momento que el CEO dio por terminado el interrogatorio porque estaban por llegar familiares a visitarlo en el penal.
La audiencia judicial, en la que se le hizo conocer los elementos de prueba que existen y los delitos por los cuales es investigado, se prolongó casi dos horas.
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