La regulación por medio de mecanismos de aplicación, un sustituto rápido y económico de la elaboración de normas exhaustivas, se considera en general como el enfoque más destacado de las agencias ejecutivas de EE.UU. para la regulación de las criptomonedas. Podría resumirse en dejar que las empresas de criptomonedas exploren los límites de lo permisible por sí mismas y luego castigar a los participantes de la industria en caso de que sus acciones exploratorias parezcan una transgresión. Otros tomarán nota y aprenderán de la experiencia negativa del explorador.
Aunque es la Comisión de Valores de los Estados Unidos la que es acusada con más frecuencia de depender excesivamente de la regulación mediante la aplicación de la ley, otros organismos federales también lo hacen. La semana pasada, la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU., o OCC, anunció un procedimiento de cese y desistimiento contra Anchorage Digital, la primera empresa de criptocustodia del país a la que se le concedió una carta de banco nacional.
El motivo es que el criptobanco supuestamente no ha implementado un programa de cumplimiento en línea con la Ley de Secreto Bancario y las normas contra el lavado de dinero. Mientras Anchorage Digital se apresura a remediar las deficiencias señaladas por la OCC, otros actores de la industria que esperan obtener una carta bancaria estarán observando de cerca.
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