Roma, 17 mar (.).- El Gobierno de Italia aprobó hoy un decreto con el que quedan prohibidos los bonos de trabajo, introducidos en la Reforma Laboral del ex primer ministro Matteo Renzi y para cuya eliminación los sindicatos han convocado un referéndum en mayo.
El actual primer ministro, Paolo Gentiloni, avanzó que en las próximas semanas se trabajará con los sindicatos, patronales y el Parlamento para regular el empleo ocasional, en una rueda de prensa al término del Consejo de Ministros en el que se aprobó el decreto.
Justificó su decisión de abolir los bonos al asegurar que con ellos "no se daba una respuesta eficiente y moderna" al empleo ocasional.
El ministro de Trabajo, Giuliano Poletti, reconoció que con la supresión de estos bonos existe el riesgo de que aumente el trabajo en negro, una preocupación compartida por otros exponentes de la oposición y del mundo laboral.
Los "voucher" o bonos fueron introducidos por Renzi en su Reforma Laboral de 2015 con el objetivo de pagar labores por horas o de escasa duración y evitar de este modo el trabajo no declarado.
Esta medida fue ideada para pagar trabajos de limpieza, cuidado de niños y ancianos o reparaciones puntuales pero se ha producido un abuso de su utilización y se ha denunciado que empresarios pagaban con este método a sus trabajadores para evitar hacerles un contrato.
Todo a pesar de que la reforma estipulaba un límite de utilización de estos bonos de 7.000 euros y algunas normas para su control.
El sindicato mayoritario de izquierdas CGIL había convocado un referéndum para suprimir estos bonos para el próximo 28 de mayo, una consulta que continúa convocada hasta que no se conozcan los detalles del decreto, según avanzó la secretaria Susanna Camusso.
"Para nosotros la campaña del referéndum continúa porque sabemos que un decreto no es una ley y hasta que no haya una ley el referéndum continúa hasta el 28 de mayo", señaló Camusso en un acto celebrado en Brindisi (sur).
Y es que los decretos ley tienen fuerza de ley desde que se publican en la Gaceta Oficial italiana pero de manera "provisional", pues pierden sus efectos si el Parlamento no los convierten en ley en un plazo de 60 días, tal y como establece la Constitución.