Valladolid, 24 ene (.).- La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha asumido hoy que es "muy previsible" que la Junta de Castilla y León tenga que abonar a las concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) unos 10 millones para cumplir sentencias sobre la congelación de tarifas en 2012, 2013 y 2014.
Del Olmo ha comparecido hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para informar, a petición del Grupo Socialista, sobre las consecuencias e impacto económico para la Comunidad de la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la congelación de tarifas correspondiente a 2012.
La consejera ha explicado que, como consecuencia directa de la sentencia del Supremo, la Junta tendrá que pagar a las concesionarias 1,43 millones de euros, pero un cálculo de la Dirección General de Industria y Competitividad "apunta al pago de unos 7,65 millones respecto a los recursos de esa empresa para los tres ejercicios, y a un total cercano a los 10 millones para todas las empresas concesionarias".
Del Olmo se ha referido también a otra decisión de la Junta de Castilla y León que está pendiente de resolución judicial, la reducción del 20 por ciento de las tarifas de las ITV aplicada en 2015, que la consejera ha vinculado con el "desequilibrio" de los contratos y los "beneficios muy superiores a los establecidos" en los estudios iniciales que fijaron las tarifas originarias.
En este sentido, la consejera ha planteado que las condiciones ventajosas que disfrutan las concesionarias, plasmadas principalmente en que los precios cobrados en Castilla y León han crecido el 203,72 por ciento desde 1991, fueron las que motivaron la decisión de rebajar las tarifas el 20 por ciento.
Esta reducción ha supuesto, en términos económicos y según los datos aportados por la consejera, un "ahorro global" de unos 10 millones de euros anuales para los ciudadanos que pasaron la ITV en 2015, respecto a lo que se abonó en el año anterior.