Natalia Kidd
Buenos Aires, 28 mar (EFE).- Argentina decidió finalmente meter tijera a los millonarios subsidios que desde hace una década paga al consumo de servicios básicos, acuciada por el gigantesco gasto que hace mella en sus cuentas fiscales.
El recorte, que el Gobierno de Cristina Fernández asegura que es parcial, gradual y que de ningún modo implica un "tarifazo", afectará a partir de abril a unos 2,6 millones de comercios y usuarios residenciales de los servicios de gas natural y agua potable de red.
Fuera de la reducción de subsidios quedarán las industrias, un beneficio que, según el Ejecutivo, busca conservar la competitividad del sector manufacturero.
El recorte, de hasta un 80 por ciento y que para los consumidores se traducirá en aumentos efectivos de hasta un 400 por ciento en las facturas, representará para el Estado un ahorro de entre 5.000 y 10.000 millones de pesos (entre 625 y 1.250 millones de dólares) anuales, según indicó el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof.
La política de subsidios a los servicios básicos fue impulsada en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner, esposo y antecesor de la actual mandataria, Cristina Fernández, para animar el consumo y ampliar el universo de usuarios tras el colapso económico que sacudió a Argentina en 2001.
"Buena parte del deterioro fiscal de los últimos años obedece al crecimiento de los subsidios. De hecho, en el período 2005-2013 pasaron de representar el 1 por ciento del PIB al 5 por ciento, explicando más del 100 por ciento del deterioro fiscal primario", según preciso la consultora privada Ecolatina en un reciente informe.
El año pasado, el gasto del Estado por subsidios ascendió a 25.000 millones de dólares, con lo que el ahorro máximo proyectado para este año a partir del recorte anunciado este jueves rondaría apenas el 5 por ciento.
El recorte que se aplicará a partir del próximo mes excluye el filón más costoso para el Estado en materia de subvenciones, el de la energía eléctrica, aunque analistas vaticinan que un ajuste en este segmento terminará por concretarse este año.
El Gobierno aclaró que la del gas y el agua se trata de una reducción parcial de subsidios y no una quita total, medida que reclamaban economistas ortodoxos para poner paños fríos en el frente fiscal, que el año pasado terminó con un déficit de 3,8 por ciento del PIB, equivalente a unos 15.000 millones de dólares.
"Los que piden un ajuste, se equivocaron de Gobierno", aseguró Kiciillof, en respuesta a los pedidos de mayores recortes provenientes de sectores ortodoxos.
Aunque el Gobierno asegura que la medida busca dar mayor "equidad" a las políticas y fomentar un ahorro en el consumo de gas y agua, es evidente que el anuncio se precipitó tras la fuerte devaluación del peso argentino registrada en enero pasado.
La suba del tipo de cambio impactó de lleno en los costes de importación de gas y combustibles.
De acuerdo a datos de la consultora Econométrica, sin cambios en la política de subsidios el gasto en subvenciones se hubiera disparado este año un 64 por ciento "para cubrir la inflación (33%) y la devaluación (45 %)" proyectadas para 2014.
Aunque el recorte ya anunciado aliviará en parte la tensión fiscal, meterá por otro presión en el delicado frente inflacionario.
"Lamentablemente, recortar subsidios implica descongelar tarifas, lo cual si bien tiene como beneficio acotar la emisión monetaria implica un golpe de precios en el corto plazo", advierte el informe de Ecolatina.
El anuncio del recorte llegó para colmo en medio de las negociaciones salariales, en las que el Gobierno intenta moderar las pretensiones sindicales.
A poco de anunciar la reducción de subsidios, los gremios ya advierten: "esto va a tener un impacto concreto en las paritarias porque es otra pérdida directa del salario".