Bruselas, 29 oct (.).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea avaló este viernes la legalidad del ejercicio de 2020 de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), con sede en Alicante, aunque advirtió de "irregularidades" en los pagos a su servicio de limpieza.
"En nuestra opinión, los ingresos de las cuentas para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2020 son legales y regulares en todos los aspectos importantes", dijeron sobre la EUIPO los auditores europeos, en un informe publicado hoy sobre las cuentas de las 41 agencias europeas.
El mensaje es idéntico en lo que respecta a los pagos que realizó el año pasado la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas recordó que en 2018 la licitación que hizo la EUIPO para contratar al servicio de limpieza fue "irregular" y en consecuencia, "todos los pagos posteriores realizados basándose en este contrato son irregulares", que el año pasado ascendieron a 1.411.329,42 euros.
No obstante, aseguró que esta observación "no cuestiona" la opinión general sobre las cuentas de la agencia con sede en la provincia de Alicante.
Según el Tribunal, la EUIPO firmó un contrato con una empresa de servicios de limpieza que "presentó una oferta anormalmente baja" y le pidió que analice "de forma rigurosa" las licitaciones "potencialmente anormales" con el objetivo de garantizar la justa competencia.
En su respuesta al Tribunal de Cuentas, la EUIPO rebatió la acusación asegurando que "ha seguido todos los pasos previstos por el Reglamento financiero al tratar una oferta que podría parecer anormalmente baja", por lo que no fomentó la competencia desleal a pesar de que el precio del servicio es inferior al habitual.
Señaló además que el contrato actual "está llegando a su fin" y lanzará una nueva licitación en 2021.
En líneas generales, los auditores aseguraron que "los problemas de contratación pública siguen siendo la principal fuente de pagos irregulares" entre el conjunto de las agencias europeas, principalmente por "la falta de competencia, insuficiencias en el proceso de evaluación de los licitadores y problemas de ejecución de los contratos".
Por lo que respecta a las otras dos agencias europeas con sede en España, la de Seguridad y Salud en el Trabajo (Bilbao) y la de Control de Pesca (Vigo), los auditories avalaron también sus cuentas, sin presentar ninguna observación adicional.
En cuanto al resto de agencias, el Tribunal de Cuentas no aprobó los pagos que efectuaron la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (Eslovenia), la Agencia para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (Estonia) y la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (Grecia).
Los auditores analizaron también cómo ha afectado la covid-19 a la actividad de las agencias y llegaron a la conclusión de que "han actuado correctamente para evitar que la pandemia provocara una distorsión extrema de su situación financiera", de tal manera que "han seguido desempeñando sus mandatos, aunque a un ritmo más lento.
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