Bruselas, 7 abr (.).- La Comisión Europea desmintió este miércoles haber iniciado una investigación sobre la ayuda concedida por parte del Gobierno español a la aerolínea Plus Ultra por importe de 53 millones de euros, aunque sí confirmó la recepción de una denuncia al respecto del eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, cuya validez deberá revisar ahora.
"La Comisión no tiene abierta una investigación sobre este asunto. Podemos confirmar que hemos recibido una presentación de información de mercado del eurodiputado Luis Garicano. No tenemos más comentarios sobre la medida específica en este momento", dijo a Efe una portavoz del Ejecutivo comunitario.
La misma portavoz recordó que la Comisión aprobó en julio del año pasado un fondo español de 10.000 millones de euros para apoyar a las empresas afectadas por la pandemia de coronavirus y que "depende de los Estados miembros" (en este caso, España) decidir qué empresas específicas reciben ese apoyo, así como asegurar que cumplen los requisitos para ser beneficiarios.
La denuncia presentada por el diputado de Ciudadanos se refiere a la decisión del Consejo de Ministros del pasado 9 de marzo para autorizar una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, que opera vuelos de larga distancia con Latinoamérica, tiene una plantilla directa de 345 personas y una flota de cuatro aviones.
El Gobierno defiende su luz verde a las ayudas por considerar a la aerolínea parte de un sector estratégico para España, como lo es en este caso el sector turístico, pero Garicano considera que esta empresa "no hubiera sido elegible para obtener dichos préstamos" en condiciones normales de mercado, ya que ha acumulado pérdidas desde el inicio de sus operaciones en 2015.
En su denuncia presentada a la Comisión, a la que ha tenido acceso Efe, el eurodiputado naranja señala también que son principalmente grandes empresas las que suelen cumplir con los criterios para recibir las ayudas y que "sólo los que tienen una estrategia sistémica o estratégica" son elegibles.
El tipo de denuncia que ha presentado Garicano es habitualmente empleada por empresas para alertar sobre ayudas que consideran que han sido concedidas indebidamente a su competencia.
Sus reglas de funcionamiento requieren que, para que una queja derive en una investigación, ésta haya sido presentada por una "parte interesada", es decir, "una persona, empresa o asociación de empresas cuyos intereses puedan verse afectados por la concesión de la ayuda".
Garicano arguye que, en su función de miembro del Parlamento Europeo, "representa los intereses de (...) los ciudadanos y empresas europeas que tienen un interés en la implementación correcta de las decisiones de ayudas de Estado por parte de los Estados miembros".
El Ejecutivo comunitario deberá ahora revisar si el eurodiputado cumple con el criterio de ser parte interesada, requisito necesario para el lanzamiento de una investigación formal. Bruselas notificará su decisión en los próximos catorce días.
En el caso de que la Comisión desestime esta denuncia, fuentes del gabinete de Garicano no descartan acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que sea éste el que determine si un eurodiputado debe considerarse parte interesada a la hora de presentar una denuncia en el área de las ayudas de Estado.
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