Madrid, 9 mar (.).- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha cifrado entre "10.000 y 12.000 millones" de euros el impacto fiscal de todas las medidas tomadas para amortiguar el impacto de la subida de precios energéticos en empresas y familias.
En la sesión de control en el Congreso de los Diputados, Calviño ha defendido ante duras críticas de la oposición las medidas tomadas ante el incremento de los precios energéticos, acentuado por la guerra en Ucrania, y ha celebrado que la Comisión Europea haya decidido dar más pasos en línea con lo reclamado por España.
Calviño ha enumerado que desde hace meses se ha bajado el IVA y el impuesto especial de electricidad, se ha suspendido el impuesto de generación eléctrica, se han aplicado rebajas de peajes para los consumidores electrointensivos, y se ha ampliado y extendido el descuento del bono social eléctrico para colectivos vulnerables
"Hemos tomado todas las medias que podemos (...) con un impacto entre 10.000 y 12.000 millones", ha señalado Calviño, que ha reconocido que, no obstante, "no es suficiente" y por ello se ha pedido a la Comisión una respuesta "decidida" para reforzarlas.
Entre esas medidas que deben impulsarse desde Europa, Calviño ha recordado las compras centralizadas de energía o la fijación de límites en precios del mercado mayorista.
Desde el PP han acusado a Calviño de "usar la guerra como coartada para ocultar su incompetencia", y desde VOX han asegurado que se esconden tras la "covid o Ucrania" cuando "es el Gobierno el que está hundiendo España".
Desde Ciudadanos han señalado que la mejor medida para paliar esta crisis es "echar a Podemos" del Gobierno y ha criticado con dureza la dotación de 20.000 millones del plan estratégico de igualdad efectiva entre hombres y mujeres aprobado ayer.
Desde el BNG, que también ha formulado una pregunta a Calviño sobre el impacto de la inflación, han pedido que no sean las clases populares las que paguen toda la situación.
Calviño ha defendido en este punto el pacto de rentas que se quiere impulsar y cuyo objetivo es garantizar que el "conjunto de la sociedad" contribuye ante esta situación.