Madrid, 6 may (.).- El Defensor del Pueblo asegura que el año pasado se triplicaron las quejas por la tramitación de prestaciones por desempleo y del ingreso mínimo vital (IMV) y pide al Gobierno más recursos y que agilice y simplifique las gestiones "aprovechando la experiencia acumulada durante estos meses".
Según el informe anual de gestión de 2020 publicado este jueves por el organismo, el pasado año el servicio público de empleo (SEPE) y la Seguridad Social afrontaron una sobrecarga de trabajo por la gestión de las prestaciones ordinarias y extraordinarias por desempleo puestas en marcha durante la pandemia de la covid, así como del IMV.
Para el Defensor del Pueblo es imprescindible que continúen las ayudas públicas a las personas y sectores más afectados "mientras no se solucione el desafío sanitario", porque lo contrario generará "un crecimiento aún más agudo del desempleo y la pobreza, y a una profundización mayor de la desigualdad".
El Defensor del Pueblo valora la "ingente actividad" que ha desarrollado el SEPE desde que comenzó la crisis, que obligó al organismo a "simplificar y automatizar al máximo el acceso y los procedimientos de gestión de las prestaciones".
No obstante, pese a este "esfuerzo encomiable", el Defensor asegura que la gestión del reconocimiento y el pago de las prestaciones por desempleo "exige dotar al SEPE de manera urgente de los recursos humanos necesarios para realizar debidamente su función".
Explica que el cambio normativo para que el centro de trabajo tramitara de forma colectiva las prestaciones derivadas de un ERTE "fue novedoso y singular" y permitió automatizar su gestión y agilizar su reconocimiento, pero también generó fallos.
"Al haberse elaborado con poco tiempo, su concreción incurrió en defectos de diseño, que dieron lugar en los primeros meses a numerosos errores que han tenido que ir siendo subsanados de manera individual y han ralentizado el reconocimiento de las prestaciones, suponiendo una importante carga añadida de trabajo para el SEPE", subraya.
INGRESO MÍNIMO VITAL
El Defensor del Pueblo valora como un "esperanzador e importante avance" la puesta en marcha del IMV, una medida para proteger a la población frente a la carencia de recursos económicos para las necesidades básicas, uniforme para el conjunto de España y con mejor adecuación y suficiencia que las rentas mínimas autonómicas.
Debido a su corto recorrido, la institución no hace una valoración concluyente sobre su suficiencia y su adecuación a los fines perseguidos, si bien destaca el desafío que afronta para "resolver cuanto antes el elevado número de expedientes pendientes".
Así, señala que del 1,1 millones de solicitudes que el Ministerio de Seguridad Social preveía recibir, a mediados de diciembre había tramitado casi el 80 %, es decir, unos 800.000, por lo que "quedaban aún pendientes más de 270.000 expedientes".
A finales de año, recibían en IMV solo 160.000 hogares, unas 460.000 personas, ya que la mitad de las ayudas tramitadas habían sido denegadas, en la mayor parte de los casos por superar los niveles de renta y patrimonio.
Por ello, reclama al Gobierno que dote a la Seguridad Social de "medios humanos y técnicos" para evitar que las personas en peor situación económica sigan sin cobertura y lograr que se tramite con agilidad la prestación, simplificando "tanto los procedimientos como la regulación" que es "compleja y exigente".
El Defensor añade que, aunque el IMV no implica la desaparición de las actuales rentas autonómicas de inserción social, sí que deben ser objeto de una "profunda reordenación", que permita a las comunidades autónomas destinar los fondos liberados a "fines sociales y prioritariamente a inclusión activa o a complementar" el IMV.
El informe incide en los problemas de saturación en el sistema de cita previa en general de la Seguridad Social y en la necesidad de refuerzo de medios personales y materiales ante las consecuencias de la crisis sanitaria por la covid-19.
Recoge las "significativas quejas" recibidas por el retraso en la resolución de expedientes administrativos y ausencia de reconocimientos médicos presenciales en casos de incapacidad, bajas, por covid-19 o en el reconocimiento y abono de la prestación por nacimiento y cuidado de hijos.