Madrid, 4 nov (.).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la reforma laboral que negocia el Gobierno con los agentes sociales "no va contra nadie", sino "contra unas normas que promueven la temporalidad y la precariedad".
Durante su intervención en la clausura de la asamblea de la asociación juvenil de UGT (RUGE), la ministra ha asegurado que, de continuar con la actual normativa laboral "que ha degradado los derechos laborales y los salarios", sólo se conseguirá "más precariedad y pobreza".
Por ello, ha apostado por el "reequilibrio" de las relaciones entre sindicatos y patronal, es decir, por dar prevalencia al convenio sectorial sobre el de empresa.
Porque -ha dicho refiriéndose a la asociación juvenil de UGT- "vosotros entendéis la diferencia entre un convenio sectorial o de empresa, la diferencia entre una negociación colectiva equilibrada y con presencia de sindicatos o una desequilibrada donde los representantes de los trabajadores no tienen cabida".
En este sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien también ha participado en el acto, ha destacado en declaraciones previas a los medios que "fortalecer el sindicalismo es fortalecer las reivindicaciones de los trabajadores y, especialmente, las de los jóvenes".
UGT PUESTA POR ATAJAR LA TEMPORALIDAD CON MAYORES SANCIONES
Otro de los puntos conflictivos de la reforma laboral que negocia el Gobierno es la limitación de la temporalidad, para lo que el líder de UGT ve imprescindible mejorar la dotación a la Inspección de Trabajo y mayores sanciones por la utilización fraudulenta del contrato temporal.
A su juicio debe aplicarse "una tabla de sanciones que les ayude (a las empresas) a tomar la decisión de no incumplir las leyes laborales. Si no hacemos eso, cualquiera de las decisiones que tomemos quedará muy bien en el papel, pero no podrá ser evaluada".
La ministra se ha mostrado de acuerdo en buscar "herramientas eficaces para conseguir el objetivo" de atajar la temporalidad y ha citado las utilizadas en otros países, como establecer por ley un límite máximo, hacerlo en la negociación colectiva o volver a la causalidad de los contratos, de forma que el indefinido sea el ordinario y haya que justificar el temporal.
"Europa nos pide una sanción dura porque hay empresas que hacen uso y abuso (de la contratación temporal fraudulenta) y suponen competencia desleal" contra las que actúan correctamente, ha dicho la ministra.
"Hay muchas fórmulas", ha añadido, con las que los agentes sociales y el Gobierno trabajarán para lograr un acuerdo.
Díaz ha dejado claro que "confía en llegar a un acuerdo", aunque "es muy difícil", por lo que ha valorado la "enorme responsabilidad, madurez y compromiso con el país" demostrado por los agentes sociales en todas las negociaciones mantenidas hasta ahora.
La "modernización de la normativa laboral" es una de las tres líneas de trabajo del Gobierno contra la precariedad, ha dicho Díaz, a la que se suma la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60 % del salario medio al final de la legislatura y la reforma profunda de las políticas activas de empleo.