Madrid, 28 jul (.).- El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha rechazado sobreseer la investigación por presunta estafa con criptomonedas contra Paloma Gallardo y su hijo Sergio Biosca, mujer e hijo de Javier Biosca, investigado por el que podría ser el mayor fraude de este tipo en España.
En un auto fechado el pasado 26 de julio al que ha tenido hoy acceso Efe, el magistrado recuerda que aún no hay un auto de procesamiento donde se concreten los indicios racionales de criminalidad contra los inculpados, de ahí que no se pronunciará hasta que no finalice la instrucción.
Una vez concluida ésta, añade, será el momento de fijar, si los hubiere, los hechos punibles y la identificación de la persona o personas a las que se imputan.
El sobreseimiento o el archivo parcial solicitado por Paloma Gallardo y Sergio Biosca el pasado 22 de julio, tras declarar ante el juez, serían "prematuros", dado que están pendientes de practicarse diversas diligencias.
Ese mismo día declaró el presunto cabecilla de la trama y fundador de Algorithms Group, Javier Biosca, negó que su intención fuera estafar a los inversores, y se comprometió a arreglar la situación "en tres o cuatro semanas" si quedaba en libertad.
Biosca y su familia están siendo investigados por una presunta estafa con criptomonedas que ronda los 280 millones de euros, y la acusación ejercida por Zaballos Abogados les atribuye una serie de presuntos delitos como estafa, intrusismo, blanqueo, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita.
El pasado 8 de junio, el magistrado Santiago Pedraz dictó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el fundador de Algorithms.
La sociedad ofrecía servicios de inversión en criptomonedas sin contar con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), carencia que servía para que Biosca eludiera las obligaciones que debía de cumplir esa entidad en su actividad diaria, tales como el deber general de información.
Algorithms se limitaba a captar clientes, que debían entregarle cantidades de dinero a cambio de rentabilidades del 20 o del 25 % semanal, y a partir de los primeros meses de 2020 comenzó a dejar de pagar a la mayor parte de los inversores, situación que culminó en octubre cuando dejó de abonar las cantidades prometidas.
De momento se trataría del mayor presunto fraude por volumen en España relacionado con las criptomonedas, ya que esta empresa radicada en Londres podría haber defraudado más de 280 millones de euros a cerca de 3.000 inversores.