Madrid, 1 mar (.).- El director general de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, ha insistido este miércoles en que forzar "costes adicionales" como el impuesto al plástico, en un contexto de guerra y con los precios disparados, "no es apropiado".
Así lo ha explicado en su intervención en el quinto congreso de Desarrollo Sostenible que ha organizado esta patronal junto a la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) y que ha reunido a unos 200 asistentes en Madrid.
En la inauguración del acto, ambas asociaciones han puesto en valor el compromiso de las empresas con el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso en el actual contexto de inflación y crecimiento de los costes de producción, según un comunicado remitido por la organización.
En la apertura del congreso, García de Quevedo ha recordado que "el desarrollo sostenible requiere un enfoque integral que tome en consideración las preocupaciones ambientales junto con el desarrollo económico, que es lo que garantizará que haya un futuro".
Desde este argumento, ha hecho referencia al impacto de medidas legislativas en materia de sostenibilidad aprobadas en el último año, como el impuesto al plástico, para afirmar que es necesario "trabajar todos juntos desde la colaboración público-privada, respetando la unidad de mercado y la seguridad jurídica, y acompasando las medidas a los tiempos del resto de Europa y a sus circunstancias.
A su juicio, "los costes legislativos que se están incorporando son difíciles de asumir en un entorno en el que las empresas están sacrificando márgenes", ha concluido.
En la misma línea, el director general de AECOC, José María Bonmatí, ha insistido en "el compromiso de las empresas con consumidores sociedad y planeta".
Ha compartido la necesidad de colaborar con la administración para lograr los objetivos comunes, pero con la que no siempre coinciden en "la forma de llegar a ellos".
En este sentido, ha explicado que apostar por la fiscalidad para gestionar las normativas medioambientales genera costes de residencia en España que hacen que las empresas nacionales pierdan competitividad respecto a las de otros países, "y eso no es bueno a medio plazo".