Madrid, 4 oct (.).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este viernes que la reforma de las bajas laborales "busca ampliar derechos" y no tiene detrás una motivación económica, por lo que ha pedido que este debate se aborde de manera "muy prudente y sensata" poniendo en el centro la salud de los trabajadores.
Saiz se ha referido a este asunto en una entrevista en Onda Cero y posteriormente en Pamplona, en declaraciones a los medios de comunicación, tras asistir a un desayuno informativo protagonizado por el presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Manuel Piquer.
Ha dejado claro que esta cuestión está en una fase inicial en la que se escuchará a los agentes sociales y otros expertos para intentar adaptar la incapacidad temporal a las nuevas realidades sociales y laborales.
"La salud de los trabajadores está en el epicentro, eso es irrenunciable", ha subrayado Saiz, que ha insistido en que cualquier cambio será con la voluntariedad del trabajador analizando cada caso y con supervisión médica.
"No es una cuestión económica, es ampliar derechos y avanzar en justicia social", ha añadido la ministra de Seguridad Social, que ayer planteó su intención de abordar una reforma de la incapacidad temporal para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral.
Este anuncio despertó las reticencias de los sindicatos y el rechazo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una postura ante la que la titular de Seguridad Social ha subrayado que se trata de competencias de su Ministerio, pero que se buscará el consenso con todas las partes.
También la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha referido este viernes a este asunto y ha considerado que se trata de un debate "muy acertado" al que se le debe dar una oportunidad.
La mejora de la "capacidad de atención de los profesionales sanitarios" y las "nuevas técnicas" hacen que "la situación de la persona trabajadora" pueda encontrarse en "estados intermedios" en los que voluntariamente quiera incorporarse a su puesto de trabajo "progresivamente".
La CEOE ve "positivo" este planteamiento
El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado positivo este planteamiento y ha remarcado que la incapacidad temporal necesita de una gestión más eficiente.
"Nos gusta el modelo", ha declarado a los medios al llegar a la jornada por el 30 aniversario de Intereconomía, donde ha apuntado que "negar la mayor o lo contrario, así porque sí, es negar el espacio al diálogo social que nosotros reclamamos permanentemente".
Diferente opinión la del secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, quien ha considerado "improvisado" el debate abierto por la ministra y ha pedido al Gobierno que cualquier medida se concrete en la mesa de diálogo social.
En declaraciones a EFE, Bravo ha recordado que quien tiene que definir la incompatibilidad con el trabajo "es el médico de atención primaria o de atención especializada" y ha incidido en que la recuperación de la salud completa "es la prioridad absoluta".
En este sentido, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha calificado de "barbaridad" esta propuesta y ha adelantado el "no rotundo" de su coalición.
"Cuando se está de baja se está de baja. El médico te la da y no puedes trabajar. Todo el mundo lo entiende. Tal y cómo se ha formulado es una barbaridad y un recorte de derechos", ha zanjado.
Más de 8 millones de bajas en 2023
El año pasado se concedieron en España más 8,1 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborales, un 11,3 % más que el año anterior, y representaron un impacto para las empresas de 25.326 millones, un aumento del 17,65 % respecto a 2022, según los datos del último informe del absentismo laboral de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).
En los cinco últimos años, el coste de la incapacidad temporal por contingencias comunes ha aumentado un 73,9 %, algo que responde al incremento de los procesos de baja, pero también al crecimiento generalizado de los salarios y de la población protegida consecuencia de la mejora del empleo.
Del impacto total derivado de estos procesos el pasado año, 13.081 millones (16,2 % más) respondieron a las prestaciones de la Seguridad Social, mientras que 12.245 millones (19,26 % más) fueron el coste directo para las empresas.
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