Madrid, 15 nov (.).- El Gobierno ha planteado en la reunión de esta mañana con patronal y sindicatos una subida gradual de las cotizaciones sociales, empezando por un alza de 0,2 puntos en 2023 que iría aumentando cada año hasta alcanzar 0,6 puntos en 2026, como parte del mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones.
Según explican a Efe fuentes de la negociación, el Gobierno ha llevado esta mañana una nueva propuesta que gradúa el aumento de las cotizaciones en función de los años empezando por 0,2 puntos adicionales en 2023 para subir a 0,3 en 2024, 0,5 en 2025 y alcanzar los 0,6 en 2026.
Este alza de 0,6 puntos de las cotizaciones se repartiría entre 0,5 puntos para la empresa y 0,1 puntos para el trabajador y se mantendría hasta 2032, cuando volvería a reducirse al mismo ritmo: 0,5 puntos en 2033, 0,3 puntos en 2034 y 0,2 puntos en 2035.
La última propuesta que presentó el Gobierno el pasado lunes planteaba una cotización adicional a la Seguridad Social de 0,6 puntos, que empresas y trabajadores deberían abonar durante diez años para nutrir el fondo de reserva a razón de 0,4 y 0,2 puntos, respectivamente.
Con esta medida se busca mejorar los ingresos del sistema para hacer frente a un incremento futuro del gasto como consecuencia de la jubilación de la generación del "baby boom", los nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970.
Tras el rechazo de la CEOE a cualquier diseño que conlleve subida de cotizaciones, el Ministerio de Inclusión continuará negociando con los sindicatos los detalles de este mecanismo de equidad, llamado a sustituir al factor de sostenibilidad y para el que se había fijado como fecha límite para el acuerdo este lunes.
Además de este aumento de los ingresos, el mecanismo limita el gasto en pensiones, de forma que el incremento anual sobre el PIB, según las proyecciones del informe sobre pensiones de la Comisión Europea, el Ageing Report de 2024, no supere los 0,8 puntos del PIB en 2050, unos 10.000 millones de euros a fecha de hoy.
Y para ello, a partir de 2033, el Gobierno revisará cada tres años esta ratio y, en caso de desviación, deberá adoptar medidas adicionales pactadas en el seno del diálogo social y con acuerdo en el Pacto de Toledo, que pasan por la disposición de activos del fondo de reserva, con un límite anual del 0,2 % del PIB.
Si se supera dicho límite o se agota la llamada "hucha de las pensiones", el Gobierno deberá negociar con los interlocutores sociales una propuesta dirigida a reducir el gasto en pensiones sobre el PIB en base a las recomendaciones del Pacto de Toledo y, en caso de que no sea suficiente, a elevar las cotizaciones sociales.