Madrid, 2 jun (.).- La Audiencia Provincial de Madrid ha eliminado la fianza para varios investigados en el caso sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, y ha rebajado la de su excuñado, Santiago Alarcó, de 27,5 a 14 millones de euros.
La sección 23 de la Audiencia ha suprimido la exigencia de las fianzas de 4,5 millones de euros para Sergio Lorca Fernández y Fernando Rodríguez Verona, empleados de Zenith; las de ese mismo importe de Fabrizio Bini y Francisco Javier Olazábal Puig, de Publicis; la de 2,02 millones de Sagrario Rojas, también de Publicis, y las de 2,1 millones de ambas compañías publicitarias.
La fianza de 65,1 millones de euros impuesta por el juzgado de instrucción nº 31 de Madrid al exministro no se modifica.
En una nota, la Audiencia explica que "el decomiso de las ganancias derivadas del delito de corrupción en los negocios solo puede ir referido a quienes, supuestamente, de forma clara y directa obtuvieron la ilícita comisión o beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza".
Tras examinar los recursos de los investigados, los magistrados entienden que "la dádiva o provecho satisfecho por la conducta corrupta, el pago de las comisiones, debe ser objeto de decomiso, pero ello solo puede recaer, en principio, sobre la empresa que lo obtuvo, o las personas físicas amparadas tras ellas".
Es decir, a la sociedad Albisa Inversiones, controlada por Alberto Portuondo (considerado uno de los supuestos testaferros de Rato) y Kradonara 2001, epicentro de la actividad empresarial del exministro.
Para la Audiencia, "el hipotético enriquecimiento de las empresas Publicis o Zenith no deriva de forma directa de la actividad delictiva, sino de la prestación de los servicios contratados".
Por lo que respecta a Santiago Alarcó, acusado junto con Rato de blanqueo de capitales, su fianza pasa de 27,5 a 14 millones de euros.
En diciembre de 2021, la Audiencia Provincial de Madrid decretó la apertura de juicio oral contra Rato y otras 16 personas físicas y jurídicas por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción.