Madrid, 11 nov (.).- La inflación y la subida de los tipos de interés suponen un mayor deterioro de la situación económica de las familias españolas, y las que se consideran altamente endeudas, aquellas que destinan más del 40 % de sus ingresos al pago de deudas, supera ya el 14 % y alcanza el 35 % en los hogares de menor renta.
Según los datos del Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España publicado este viernes, la inflación media acumulada durante 2021 y 2022 ha elevado, en promedio, el gasto de los hogares endeudados en consumo en un importe equivalente a algo menos del 4 % de su renta, a lo que hay que sumar el alza de los tipos de interés.
El euríbor a 12 meses, el indicador más común de las hipotecas a tipo variable en España, ya ha subido cerca de 325 puntos básicos en lo que va 2022, lo que elevará más de 4 puntos porcentuales la proporción de familias altamente endeudadas -algo más de 350.000 hogares hasta superar el millón y medio-.
Y el Banco de España advierte de que "todos estos efectos tenderían a ser más intensos para los segmentos de menor renta", hasta el punto de que el porcentaje de estos hogares en una situación de alto endeudamiento pasaría del 30 al 35 %.
MENOR RIESGO DE IMPAGO
Hasta el momento la banca española capea el temporal: la tasa de morosidad ha seguido reduciéndose y también el riesgo de impago, que ha caído un 9,5 % en un año hasta un volumen de 84.700 millones de euros, el 7,2 % del total de la cartera crediticia, por encima de los niveles previos a la pandemia.
A finales de junio las entidades españolas tenían ese montante en "vigilancia especial", esto quiere decir que muestran una mayor probabilidad de convertirse en morosos que el resto de créditos que están al corriente de pago.
De esos 84.700 millones, unos 56.000 millones eran préstamos a empresas y unos 28.000 millones, créditos concedidos a familias.
En el caso de los créditos concedidos durante la pandemia con aval del ICO, la morosidad pasó del 3,5 % de finales de 2021 al 4,8 % a cierre del primer semestre de este año, mientras que el porcentaje en vigilancia especial pasó del 20,2 % al 22,8 % en el mismo período.
Este riesgo de impago, en el caso de materializarse, no sólo afectará a los bancos sino al propio Estado por el respaldo de cada operación, lo que provocará un aumento tanto de la deuda como del déficit público al asumir esas pérdidas.