Londres, 2 jun (EFE).- El jefe de la Administración Federal de Impuestos Públicos de Argentina (AFIP), Ricard Echegaray, califica de comportamiento "criminal" la evasión fiscal a gran escala de la que el Gobierno de Buenos Aires acusa a cuatro grandes comercializadoras de cereales: ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus.
"En 2008, los precios de las materias primas agrícolas alcanzaron su nivel más alto y, sin embargo, ocurrió que las empresas que habían realizado las mayores ventas apenas mostraron beneficios en nuestro país", se queja Echegaray en declaraciones que publica hoy The Guardian.
Según ha sabido el diario británico de otras fuentes, la AFIP reclama 476 millones de dólares de impuestos supuestamente no pagados a Bunge, 252 millones a Cargill y 140 millones a Dreyfus, compañías que han negado esas acusaciones y dicen que se defenderán enérgicamente.
Oxfam advirtió esta semana del peligro de una espiral de precios de los alimentos en las dos próximas décadas y criticó la excesiva concentración del comercio alimentario.
Echegaray explicó a The Guardian que había comenzado a investigar a las empresas hacia finales de 2008 y había comparado la información entregada a las autoridades argentinas con las de los países a los que se destinaban sus exportaciones, valiéndose de los últimos acuerdos de intercambio de información fiscal.
Según Echegaray, de sus pesquisas se deduce que las cuatro comercializadoras presentaron falsas declaraciones sobre su volumen de ventas y canalizaron los beneficios a paraísos fiscales o a los países donde están sus sedes centrales, contraviniendo así la legislación fiscal argentina.
El jefe de la AFIP acusó a las multinacionales de haberse servido en ocasiones de empresas fantasmas para comprar cereales y haber inflado los costos en Argentina para limitar los beneficios imponibles o incluso pedir beneficios de tipo fiscal.
La AFIP ha investigado las ventas de esas comercializadoras a Uruguay, entre otras jurisdicciones de bajos impuestos.
Según Echegaray, Bunge montó una oficina en la zona franca de Montevideo por la que comenzó a canalizar sus importaciones a partir de 2007, momento a partir del cual no declaró beneficios en Argentina.
El jefe de la AFIP afirmó que había averiguado que Bunge empleaba sólo a un puñado de personas en la capital uruguaya y que no tenía importaciones o exportaciones en esa oficina salvo productos de poca monta para su personal.
Bunge, cuya inscripción en el registro de exportadores de Argentina se canceló la pasada semana, negó las acusaciones, dijo que no había violado ninguna ley y aseguró que tomará las medidas legales oportunas para defenderse.
Según Echegaray, también Cargill ha utilizado a Uruguay y sus filiales en Suiza para evadir impuestos en Argentina.
Cargill, ADM y Dreyfus fueron suspendidas este año por el Gobierno del registro de exportadores a raíz de las investigaciones realizads.
Cargill y ADM han rechazado las acusaciones y aseguran cumplir la legislación argentina en materia de fiscalidad. Dreyfus ha preferido no hacer comentarios, pero según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), lo niega todo.
Su director ejecutivo, Alberto Rodríguez, calificó, según el periódico, las acusaciones de evasión fiscal que ha lanzado el Gobierno de Buenos Aires de "pura pose política". EFE