Bruselas, 13 nov (EFE).- El Consejo y el Parlamento de la Unión Europea (UE) suspendieron esta noche las conversaciones sobre el presupuesto de la UE para 2022 sin acuerdo y las continuarán el próximo lunes, último día del período de conciliación.
En caso de que el Comité de Conciliación no llegue a un acuerdo sobre un texto conjunto antes del 15 de noviembre a la medianoche, la Comisión Europea deberá presentar un nuevo proyecto de presupuesto, informó la Eurocámara en un comunicado.
Si el Comité de Conciliación llega a un acuerdo sobre un texto conjunto dentro del plazo, el Parlamento y el Consejo tienen 14 días a partir de la fecha de ese acuerdo para aprobar el texto conjunto.
“Divergimos en nuestras posiciones entre el Consejo y el Parlamento por unos 4.000 millones de euros", había precisado justo antes de iniciar la reunión de la víspera la ministra delegada eslovena para la Negociación del Presupuesto de la UE, Irena Drmaz, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.
"Creo que podemos salvar estas brechas", dijo la política eslovena, quien ejerce como presidenta del Consejo de ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete que se celebró este viernes en Bruselas con el objetivo de preparar el comité de conciliación, que también se celebró en el mismo día.
Ese comité pretendía acercar las posturas del Consejo y la Eurocámara, los colegisladores del club comunitario, en lo referente al presupuesto de la Unión Europea para 2022 y que de ese modo ambas instituciones logren un acuerdo sobre las cuentas.
La Comisión Europea presentó en junio un borrador presupuestario para 2022 que planteaba 167.800 millones de euros en compromisos, un 2 % más que este año, y 169.400 millones en pagos, a los que se sumarían los desembolsos del fondo de recuperación NextGeneration por la pandemia.
Los compromisos son la cantidad máxima de dinero que puede acordar la UE cada año, mientras que los pagos son la cantidad que efectivamente se desembolsa en ese ejercicio.
El Consejo, en su postura adoptada en septiembre, defiende unos compromisos de 167.700 millones de euros y unos pagos de 170.000 millones.
El Parlamento, mientras tanto, apuesta por unos compromisos de 171.800 millones de euros y unos gastos de 172.500 millones.
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